El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, solicitó este jueves ante un tribunal federal que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara la licencia para que el Gobierno venezolano pudiera financiar su defensa legal con fondos del Estado.
A través de su abogado, Barry Pollack, Maduro argumentó que la OFAC —dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— ha “interferido” con su derecho a contratar al abogado de su elección, consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, al negarse a otorgar la autorización para recibir pagos desde Caracas hacia su defensa.
En la moción presentada ante el juez Alvin Hellerstein, la defensa sostiene que la negativa de la OFAC obstaculiza “el derecho fundamental del Sr. Maduro a recibir asesoría legal adecuada” y pidió al tribunal que desestime la cuarta acusación sustitutiva que enfrenta en la causa.
La documentación incluye una declaración jurada del propio Maduro, en la que afirma que desea continuar siendo representado por Pollack, que no puede pagar su defensa por su cuenta y que el Gobierno de Venezuela tiene la obligación legal de cubrir sus honorarios legales, por lo que presentará pruebas de ello si el tribunal lo requiere. El defensor también advirtió que, de no desestimarse el caso, solicitará permiso para retirarse del proceso.
Pollack señala en sus argumentos que la OFAC había emitido inicialmente una licencia en enero que permitía el pago de sus honorarios desde Venezuela, pero ésta fue enmendada horas después para bloquear específicamente esa posibilidad, sin explicación clara. Considera que esta acción “interfiere con la capacidad de Maduro para retener asesoría legal” y señala que si el caso continúa bajo estas condiciones, cualquier veredicto podría ser vulnerable a futuras impugnaciones por considerarse inconstitucional.
Por su parte, el abogado de la República Bolivariana de Venezuela, Henry Rodríguez Facchinetti, respaldó las peticiones de Maduro y afirmó que el Estado venezolano tiene “la obligación clara y legal de cubrir todos los gastos de su Presidente, incluyendo honorarios de abogados”, y que los fondos propuestos son legítimos y no están vinculados a actividades ilegales.
Maduro fue capturado en un operativo estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico, corrupción y otros delitos graves. Hasta el momento, el tribunal aún no ha emitido una decisión sobre la moción presentada por su defensa.
