San Luis Potosí, SLP.- Este sábado, último día de febrero, concluye formalmente el plazo legal para que los entes obligados entreguen su Cuenta Pública 2025 ante el Congreso del Estado, un documento crítico que integra la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los recursos públicos ejercidos durante el año anterior y cuya omisión coloca a los funcionarios responsables en el supuesto de delitos graves.
De acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado, específicamente en sus artículos 323 y 324, quien teniendo la obligación de presentar este informe omita hacerlo podría incurrir en el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, el cual se castiga con penas de hasta siete años de prisión, además de la destitución e inhabilitación por un periodo equivalente al doble de la condena impuesta y multas que pueden alcanzar las 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, el marco legal vigente advierte que no solo la omisión es motivo de castigo, sino también la negativa a entregar información, los actos de simulación para entorpecer la fiscalización o la aportación de datos falsos, conductas que serán sancionadas tanto por la Ley de Responsabilidades como por la vía penal; por ello, se espera una intensa actividad en la oficialía de partes del Poder Legislativo durante las próximas horas, mientras los municipios y organismos autónomos buscan cumplir con el mandato para evitar procesos judiciales e inhabilitaciones.
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