Las sanciones económicas, que en conjunto suman 3 millones 322 mil pesos, fueron aplicadas por ocultamiento de información, irregularidades en procedimientos de adjudicación, falta de documentación comprobatoria y otros incumplimientos en materias administrativas y de comprobación del gasto.
Multas personales y consecuencias legales
A diferencia del resarcimiento, que busca recuperar recursos públicos o reponer obras cuando así lo determina una auditoría, la multa es una figura de apremio personal para obligar al cumplimiento de responsabilidades administrativas impuestas por la ley. Lecourtois López subrayó que estas multas se convirtieron en créditos fiscales que los funcionarios deben cubrir con recursos propios, y no pueden ser pagadas con el presupuesto municipal auditado.
En caso de no cumplir con el pago, los sancionados podrían enfrentar consecuencias adicionales, tales como: inhabilitación para ocupar cargos públicos, restricción para participar en próximos procesos electorales, y otras sanciones administrativas que determine la legislación. Entre los funcionarios sancionados figuran alcaldes, exalcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social, quienes son directamente responsables del manejo de fondos municipales.
Puntualizó que el pago de estos créditos fiscales cobra relevancia si se toma en cuenta que los importes adeudados pasarán íntegramente a las cuentas de los municipios afectados, y estarán a disponibilidad para ejercerlos con la única condición de que su gasto se sujete al Presupuesto de Egresos respectivo.
Mayor rigor y contexto nacional en la fiscalización
El titular del IFSE también señaló que en ejercicios anteriores existió una relativa tolerancia frente a incumplimientos administrativos, lo que generó omisiones en la entrega de información y en los procesos de adjudicación. "En el pasado hubo más tolerancia con quienes cometieron irregularidades y por tanto se generaron pocas multas, lo que propició omisiones importantes en la entrega de información y otros procedimientos administrativos relacionados con la comprobación del gasto y procesos de adjudicación".
Esta situación en San Luis Potosí se da en un contexto más amplio de fiscalización en México, donde otros órganos de control, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), han detectado irregularidades significativas en la gestión de recursos públicos en diversos estados y municipios. Por ejemplo, la ASF ha reportado montos pendientes por aclarar que superan los 500 millones de pesos en 39 municipios del estado potosino como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.
Retos para la transparencia y rendición de cuentas
La fuerte aplicación de multas por parte del IFSE refleja una tendencia hacia una mayor exigencia de transparencia y cumplimiento legal por parte de servidores públicos municipales. Sin embargo, persistirán desafíos en la supervisión de recursos, como lo demuestra la cantidad de observaciones y montos pendientes por aclarar ante la ASF en ejercicios anteriores.
Especialistas en fiscalización señalan que la rendición de cuentas no sólo depende de imponer sanciones, sino también de fortalecer los mecanismos de control interno, la capacitación de servidores públicos y la transparencia proactiva de los ayuntamientos, de modo que las irregularidades detectadas disminuyan en futuros ejercicios fiscales.
Cabe destacar que las sanciones aplicadas por el IFSE a 482 funcionarios municipales por irregularidades administrativas en 2025 representan un paso firme hacia una mayor exigencia en la rendición de cuentas en la gestión pública local en San Luis Potosí. Al tiempo que se refuerza la fiscalización, también se intensifica el escrutinio sobre la administración de recursos públicos, tanto a nivel estatal como federal.
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