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Mucho se ha criticado si es necesaria una reforma electoral que está en Ciernes una vez que sea formalmente votada en el congreso de la Unión. Pero más allá amigo lector sin duda alguna de las cosas que más llaman la atención en torno a este tema, ya no refiere a los consensos, que incluso encontraron obstáculo entre los propio aliados de Morena, al hablar del tema presupuestario y de las plurinominales, sino la coyuntura a las circunstancias que en la últimos días ha vivido nuestro país, con los eventos que refieren al combate a la delincuencia organizada y de la presión que derivado de ello hemos tenido con nuestro vecino del norte.
Si esta reforma electoral dentro de una esquema político refiere una injerencia en el ánimo de la política que al momento se ha generado desde la presidencia de la República, sobre todo en el actuar de los últimos días, donde se logra relajar la relación con los Estados Unidos una vez que el su propio presidente nos señaló por ser un país dominado por los carteles de la droga y por tener una presidenta que le tenía “miedo” a los delincuentes.
Sin embargo como todo no han dejado de hacerse conjeturas fáciles y teorías conspiratorias que en mayor o menor medida dimensionan los hechos no como un logro sino como el preámbulo a un escenario complicado, similar a como cuando bajan un pañal de avispas a pedradas. Pues aún resulta ilusorio que la muerte de un capó de por sentado el acabose de de un negocio que tiene sus principales clientes en el extranjero.
La discusión sobre la reforma electoral en México se desarrolla en un contexto crítico, marcado por una creciente inseguridad y la preocupación sobre la influencia de grupos criminales en los procesos democráticos. Las reflexiones actuales, basadas en los acontecimientos recientes de 2024 y 2025, apuntan a una tensión entre los cambios institucionales propuestos y la necesidad urgente de garantizar elecciones seguras.
La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de 2026 surge en un momento crucial para México, donde la inseguridad y la influencia de grupos criminales plantean serias interrogantes sobre la integridad de los procesos democráticos. En un contexto marcado por tensiones sociales y políticas, este intento de reformar el sistema electoral busca no solo reducir costos operativos, sino también transformar la forma en que se representa a la ciudadanía.
Sheinbaum presenta una propuesta que enfatiza la eficiencia y la economía, proponiendo recortes significativos en el presupuesto destinado a partidos políticos y organismos electorales. A primera vista, la idea de un sistema más barato y accesible puede parecer atractiva; sin embargo, es fundamental cuestionar la viabilidad de estos cambios en un entorno donde la certeza y la transparencia electoral son más necesarias que nunca. La eliminación de diputaciones plurinominales y la reducción de regidores en los ayuntamientos, aunque parecen pasos hacia una democracia más directa, podrían comprometer la representación de minorías y debilitar a la oposición.
La presidenta argumenta que los futuros representantes deben buscar el voto en el territorio, lo que podría fomentar una conexión más directa con los ciudadanos. Sin embargo, esta visión está en riesgo de ser una simplificación de un proceso electoral que requiere una infraestructura robusta para garantizar que no se repitan los conflictos poselectorales que han marcado la historia reciente del país. La preocupación por un INE debilitado, con menos recursos y más atribuciones, plantea un escenario donde la fiscalización efectiva de los recursos y la detección de financiamientos ilícitos se convierten en retos insuperables.
Además, la falta de consenso definitivo entre los aliados de Sheinbaum, como el PT y el PVEM, sugiere fisuras en la coalición oficialista que podrían dificultar la implementación de esta reforma. La presentación de esta iniciativa, sin un acuerdo claro, refleja una estrategia que busca consolidar un control más férreo sobre la maquinaria electoral, alineándose con el legado del expresidente López Obrador y su "Plan C".
La urgencia de esta reforma se vuelve evidente al considerar que, para ser aplicada en las elecciones federales de 2027, debe ser aprobada antes de mayo de 2026. Este apremio temporal podría llevar a decisiones apresuradas que, en lugar de fortalecer la democracia, podrían erosionar aún más la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
En resumen, la reforma electoral de Sheinbaum plantea interrogantes fundamentales sobre la dirección de la democracia en México. Si bien la reducción de costos y la simplificación de procesos son objetivos loables, es imperativo que se priorice la calidad y la certeza electoral, así como la representación de todas las voces en el país. La discusión sobre esta reforma no es solo una cuestión técnica; es, en última instancia, una prueba de la madurez democrática de México en un momento en que más que nunca se necesita un compromiso firme con la integridad de sus procesos electorales. ¿Cómo garantizar que los cambios propuestos no sacrifiquen la democracia en nombre de la eficiencia?
O ¿usted que cree?
HASTA LA PRÓXIMA.
