Opinión
El derecho que existe, pero que debe hacerse realidad
Desde el 8 de febrero de 2012, el derecho humano al agua está reconocido en el artículo 4º de nuestra Constitución. No es una aspiración, es una obligación del Estado: garantizar el acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre y asequible para todas las personas. El problema en San Luis Potosí no es la ausencia de norma, sino la distancia entre el mandato constitucional y la realidad operativa que enfrenta la zona metropolitana.
La crisis hídrica que hoy atraviesan San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Reyes, Santa María del Río y ahora también el nuevo municipio de Villa de Pozos, es el resultado de múltiples factores acumulados: sobreexplotación de acuíferos, crecimiento urbano acelerado, expansión industrial y una planeación que no siempre caminó al mismo ritmo que el desarrollo.
Interapas: una institución que requiere reinventarse
Interapas nació con una visión metropolitana, bajo un esquema que anteriormente operó como CIAPAS. La idea era correcta: coordinar esfuerzos intermunicipales para administrar agua potable, alcantarillado y saneamiento con una lógica regional. Durante años, este modelo permitió organizar el servicio bajo una sola estructura.
Sin embargo, el crecimiento poblacional sostenido que documenta el INEGI en la zona metropolitana, sumado al aumento de fraccionamientos, parques industriales y migración interna, terminó por rebasar la capacidad administrativa y técnica del organismo. La infraestructura envejeció, la demanda creció y los retos financieros se complejizaron.
Hoy no estamos ante una crisis repentina, sino ante el desgaste de un modelo que necesita una reingeniería profunda.
Reconocer esfuerzos, aceptar límites
Es importante reconocer el trabajo y las buenas intenciones de las alcaldías que integran este esquema. Ha habido inversión, proyectos de mejora, intentos de modernización y esfuerzos por mantener operando un sistema bajo condiciones cada vez más adversas. Nadie puede negar la voluntad institucional.
Pero también es cierto que el problema ha rebasado las capacidades individuales de cada administración municipal. No se trata de señalar responsables, sino de entender que la dimensión del reto exige un rediseño estructural y coordinado.
La reciente decisión anunciada por el municipio de Soledad de Graciano Sánchez de buscar su desincorporación del organismo abre un debate inevitable sobre el futuro del modelo metropolitano. Fragmentar puede parecer solución inmediata; rediseñar puede ser la respuesta de fondo.
El crecimiento que no esperó al agua
San Luis Potosí ha crecido. Han surgido nuevos desarrollos habitacionales, nuevas zonas industriales y, recientemente, un nuevo municipio como Villa de Pozos que adquiere personalidad jurídica propia y nuevas obligaciones en materia de servicios públicos.
La pregunta es inevitable: ¿hemos condicionado el crecimiento urbano a la disponibilidad real del recurso hídrico?
En otras regiones del país y del mundo, las crisis obligaron a transformar los modelos. Nuevo León fortaleció su planeación tras la crisis de 2022; Barcelona diversificó fuentes y apostó por reutilización después de severas sequías; ciudades chilenas incorporaron gestión integrada de cuencas. La constante es clara: la crisis puede convertirse en oportunidad si existe decisión técnica y política.
La responsabilidad también es social
No todo recae en la autoridad. La sociedad también es corresponsable. El consumo doméstico, las fugas internas, el uso ineficiente y la falta de cultura hídrica forman parte del problema. El cambio climático nos afecta a todos; la planeación nos ocupa a todos.
Cuidar el agua no es un discurso ambientalista abstracto. Es una acción cotidiana: reparar fugas, reutilizar, ahorrar, exigir planeación responsable en nuevos desarrollos y participar activamente en la vigilancia de políticas públicas.
Sin ciudadanía consciente, ningún modelo administrativo será suficiente.
El dato jurídico que obliga a actuar
El artículo 4º constitucional establece con claridad que el acceso al agua es un derecho humano. No es una concesión política ni un programa temporal. Es una obligación permanente del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno.
A nivel estatal y municipal, las leyes de agua y desarrollo urbano deben armonizarse con este mandato. Cualquier reingeniería institucional debe partir de este principio: el derecho es exigible y su cumplimiento no admite improvisaciones.
La reingeniería que no puede esperar
San Luis Potosí necesita una revisión técnica integral de infraestructura, un rediseño financiero sostenible, planeación metropolitana obligatoria vinculada a nuevos fraccionamientos, diversificación de fuentes y coordinación real entre municipios y gobierno estatal.
No se trata solo de extraer más agua. Se trata de administrar mejor la que existe y planear con visión de largo plazo.
La reingeniería no es una postura ideológica; es una necesidad técnica.
Administrar el agua es administrar el futuro
El agua es desarrollo, estabilidad y bienestar. Interapas nació como respuesta a una necesidad regional; hoy enfrenta la oportunidad histórica de transformarse.
San Luis Potosí no puede esperar a que la crisis se profundice. La planeación hídrica metropolitana debe convertirse en prioridad técnica, política y social.
Porque cuando el agua escasea, no solo se afecta un servicio público: se compromete el futuro entero de una región.
Para observar en la semana
Mientras la agenda hídrica exige atención inmediata, el país espera la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral planteada por la presidenta. La propuesta contempla la reducción del presupuesto a partidos políticos, simplificación de organismos electorales y nuevas reglas para diputaciones plurinominales, dando mayor peso a primeras minorías.
Es un debate de enorme trascendencia institucional. Pronunciarse a favor de cambios no implica hacerlo sin vigilancia. Toda reforma electoral debe fortalecer la confianza ciudadana y garantizar reglas claras, equitativas y transparentes.
El momento exige apertura al cambio, pero también prudencia y supervisión democrática. Lo que se defina en esta reforma marcará el rumbo político del país en la próxima década.
Nos vemos
