En Luis Potosí el amparo, una de las figuras jurídicas más importantes del país, vuelve a colocarse bajo la lupa. No por su esencia como instrumento de defensa frente a abusos de autoridad, sino por su uso en casos donde jóvenes señalados por delitos graves logran frenar, al menos temporalmente, su detención.
En días recientes, dos hechos distintos, pero con un mismo trasfondo, han encendido la indignación pública, en uno, un joven es señalado por disparar y privar de la vida a otro; en otro, un estudiante es acusado de violar a una joven dentro de la facultad de derecho en la UASLP. En ambos casos, los señalados promovieron un amparo para evitar ser retenidos.
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, confirmó que los implicados están identificados y que las investigaciones continúan. Jurídicamente, el proceso sigue su curso. Socialmente, la herida está abierta.
El juicio de amparo es un mecanismo que protege a cualquier persona frente a actos de autoridad que vulneren derechos humanos. No es una figura creada para evadir delitos, sino para garantizar que el Estado actúe conforme a la ley.
Puede solicitarse cuando:
• Se considera ilegal una orden de aprehensión.
• Existe riesgo de detención arbitraria.
• No se ha respetado el debido proceso.
• Se vulnera la presunción de inocencia.
El amparo no exonera ni cancela una investigación. En muchos casos, solo suspende temporalmente un acto mientras un juez federal revisa su legalidad.
Sin embargo, en delitos de alto impacto, el matiz técnico se pierde frente a la percepción pública.
Mientras los abogados litigan, los padres de las víctimas enfrentan otra realidad.
¿Qué piensa una madre que perdió a su hijo al escuchar que el presunto responsable no será detenido de inmediato por “un papel”?
¿Qué siente el padre de una joven agredida al saber que quien es señalado puede seguir en libertad mientras el proceso se revisa?
Para las familias, el amparo no es una garantía constitucional, es un símbolo de retraso, de incertidumbre, de aparente privilegio. Es la sensación de que el sistema protege primero al acusado y deja en segundo plano el dolor de quien sufrió el daño.
El sufrimiento no entiende de tecnicismos jurídicos. La pérdida no se suspende provisionalmente. El trauma no espera la resolución de un juez federal.
Y ahí está la fractura más delicada, la distancia entre el lenguaje legal y la experiencia humana.
La defensa puede alegar irregularidades procesales, falta de fundamentos en una orden de captura o violaciones al debido proceso. Son argumentos válidos dentro de un Estado de derecho.
Pero cuando el amparo se vuelve un recurso recurrente en casos de violencia grave, surge una pregunta incómoda, ¿estamos ante un derecho legítimo o ante una estrategia para ganar tiempo?
En San Luis Potosí, donde la exigencia de justicia es cada vez más fuerte, la ciudadanía observa con escepticismo. No cuestiona la existencia del amparo; cuestiona que parezca convertirse en un escudo inmediato frente a la acción penal.
Eliminar el amparo no es la solución. Sería un retroceso democrático.
Pero tampoco puede ignorarse el impacto social de su uso en casos sensibles.
El verdadero desafío está en fortalecer las investigaciones desde el inicio, integrar carpetas sólidas y actuar con rigor jurídico. Cuando el trabajo ministerial es impecable, los amparos difícilmente prosperan.
La justicia no puede ser precipitada, pero tampoco puede parecer distante o insensible al dolor de las víctimas.
Porque mientras en los tribunales se debate la legalidad de una detención, en los hogares de las víctimas hay silencio, fotografías enmarcadas y preguntas sin respuesta.
Y para esos padres, la única resolución que importa no es una suspensión provisional, sino una sentencia firme que les devuelva, al menos en parte, la certeza de que la ley no está para proteger al más hábil jurídicamente, sino para garantizar justicia.
En esa línea delgada entre derecho y percepción, San Luis Potosí se juega algo más que un caso, se juega la confianza en su sistema de justicia.
