La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó frenar la reforma electoral, pues consideró que resulta riesgosa e inoportuna ante el contexto de inestabilidad económica e inseguridad.
La cúpula empresarial afirmó que la mejor decisión es no impulsar cambios que profundicen la polarización y generen confrontación entre los mexicanos.
"En el contexto actual, en el que enfrentamos incertidumbre económica interna y externa, aunado a la necesidad prioritaria de garantizar seguridad, justicia y paz en el país para generar las condiciones necesarias para la inversión, insistimos en que la discusión de una reforma electoral resulta riesgosa e inoportuna.
"La pretensión de iniciar este debate y plantear cambios institucionales ocurre en un momento especialmente delicado, con retos significativos en materia de seguridad, hechos violentos en distintas regiones, revisión de compromisos con socios comerciales, incertidumbre económica y las debilidades del Estado de Derechos", afirmó.
Lo que necesita el País, indicó, es estabilidad, eficacia institucional y resultados concretos, no discusiones que puedan generar mayor división.
Recordó a la Presidenta que los inversionistas nacionales e internacionales demandan estabilidad institucional, certeza jurídica y capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad.
Por ello, advirtió, cualquier señal que sugiera debilitamiento de la libertad democrática de los ciudadanos y de las instituciones incrementaría la incertidumbre, frenaría aún más la inversión y limitaría la creación de empleos.
Además, indicó que este enfoque podría implicar el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México en materia de democracia, derechos políticos y elecciones libres, con efectos directos en la posición del país frente a procesos de negociación como el T-MEC, o en etapas de renovación del Acuerdo Global México-Unión Europea.
"La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su legalidad, sino también de su origen, su proceso y su aceptación social", señaló.
Recordó que el sistema electoral actual es producto de 30 años mediante acuerdos amplios, públicos, democráticos e incluyentes, impulsados por la ciudadanía, la
sociedad civil organizada, la academia y las fuerzas políticas.
"Hoy enfrentamos un contexto distinto. Por primera vez en nuestra historia reciente, una propuesta de reforma electoral no nace del consenso ciudadano, lo que introduce riesgos que deben analizarse con responsabilidad y visión de largo plazo", apuntó.
Ante esta situación, la Coparmex afirmó que cualquier reforma electoral debe apegarse a cinco pilares democráticos construidos desde la sociedad y reconocidos internacionalmente, a fin de garantizar procesos equitativos y confiables.
Uno de los pilares, indicó, es preservar la autonomía de las autoridades encargadas de organizar las elecciones, con independencia real, capacidad operativa suficiente y una estructura profesional permanente, no improvisada.
Como segundo punto subrayó la importancia de mantener una pluralidad legislativa que refleje la diversidad política y social del país. En tercer lugar dijo que es necesaria una fiscalización sólida y efectiva que garantice condiciones equitativas de competencia entre las fuerzas políticas.
En el cuarto pilar, enfatizó en la necesidad de asegurar la inclusión de minorías, evitando barreras que limiten la participación política o el surgimiento de nuevas fuerzas, y por último pidó certeza jurídica mediante reglas claras, estables y previsibles.
