San Luis Potosí, SLP.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Transparencia del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que reforma la Constitución local para extinguir la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como órgano constitucional autónomo y trasladar sus atribuciones al Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de cada ente público.
La iniciativa impulsada por los diputados Sara Rocha Medina, Carlos Arreola Mallol y Diana Ruelas Gaitán, fue declarada “procedente con modificaciones” por las comisiones, lo que abre paso a un rediseño profundo del modelo estatal de transparencia; se elimina de la Constitución la figura de un organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, y en su lugar, se establece un esquema en el que dichas funciones serán asumidas por las propias autoridades obligadas, bajo mecanismos de control interno.
En el ámbito de la administración pública estatal y municipal, la responsabilidad recaerá en un organismo desconcentrado que estará sectorizado a la Contraloría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo. Este nuevo ente tendrá facultades para revisar procedimientos, verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia e imponer sanciones.
En el caso del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, cada uno asumirá directamente la garantía de estos derechos a través de sus órganos internos de control, dejando atrás el modelo en el que un órgano externo e independiente resolvía las controversias.
Al respecto, el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma responde a la armonización con la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, mediante la cual se extinguió el Instituto Nacional de Transparencia (INAI); aseguró que el objetivo es eliminar duplicidades, reducir costos operativos y hacer más eficiente la estructura del Estado, trasladando las funciones de transparencia a instancias administrativas.
El Congreso contará con un plazo de hasta 120 días naturales para expedir la legislación secundaria correspondiente. Durante ese lapso, el organismo continuará en funciones de manera transitoria. Una vez que entre en vigor el nuevo marco legal, los recursos materiales, plataformas digitales, archivos y sistemas electrónicos de la CEGAIP serán transferidos al nuevo organismo adscrito al Ejecutivo.
Las resoluciones, contratos y acuerdos emitidos por el CEGAIP seguirán siendo válidos y obligatorios; los comisionados concluirán sus funciones al formalizarse la transición institucional, mientras que el personal será incorporado al nuevo ente, conservando sus derechos laborales.
Cabe destacar que el dictamen aprobado en comisiones será sometido a votación del Pleno del Congreso este martes 24 de febrero, de ser avalado, se remitirá a los ayuntamientos como parte del procedimiento de reforma constitucional local; aunque el dictamen subraya que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales se mantienen vigentes.
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