San Luis Potosí, SLP.- La magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez expresó su preocupación por la falta de recursos financieros y la falta de coordinación entre los tres poderes del estado, lo que podría entorpecer la correcta aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa Martínez informó que, aunque ya se está trabajando en un plan para su implementación, aún no se cuenta con un monto específico del presupuesto necesario. Reconoció que el reto es significativo, dado que el nuevo sistema exige audiencias orales que requieren instalaciones adecuadas, personal capacitado y salas de audiencias diseñadas específicamente para este propósito.
"La oralidad requiere espacios especializados y una formación continua del personal. Esto no solo es necesario en la capital, sino también en otras regiones del estado", afirmó la magistrada, enfatizando que la modernización del sistema civil y familiar conlleva inversiones sustanciales tanto en infraestructura como en desarrollo profesional.
Asimismo, advirtió que el aumento de casos en el ámbito penal, que también se manejan bajo el modelo de oralidad, ha añadido una carga considerable a los procesos, haciéndolos más largos y complicados.
Zarazúa Martínez subrayó que, sin un apoyo económico adecuado y una colaboración efectiva entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la transición hacia este nuevo modelo podría enfrentar obstáculos serios.
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