San Luis Potosí, SLP.- Mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cerró la revisión del ejercicio fiscal 2024, en San Luis Potosí la rendición de cuentas quedó atrapada entre el desconocimiento oficial y el intercambio de responsabilidades. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, admitió no conocer los resultados finales del informe federal, pese a que la dependencia devolvió un millón 99 mil 200 pesos a la Tesorería de la Federación.
El reintegro —confirmado en el reporte de la ASF— implica que recursos federales no fueron ejercidos o presentaron inconsistencias. Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que actualmente se encuentran desahogando observaciones, aunque precisó que corresponden a revisiones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), no a las hechas por el órgano federal. Sobre la devolución específica a la Tesorería, reconoció no tener conocimiento en ese momento.
La falta de claridad contrasta con la postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien celebró los resultados de la fiscalización federal al considerar que confirman sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en los municipios. Calificó como “devastador” el resultado de la auditoría y aseguró que el 90 por ciento de las observaciones se concentran en ayuntamientos, algunos con montos que alcanzan hasta 40 millones de pesos en obras no ejecutadas.
Más allá del cruce de declaraciones, el fondo del asunto expone una tensión institucional: mientras el Ejecutivo estatal subraya las fallas municipales, la SEGE enfrenta cuestionamientos propios por recursos devueltos cuya explicación aún no es pública. En un contexto donde cada peso federal debería traducirse en infraestructura, seguridad o mejora educativa, la opacidad —sea por desconocimiento o por falta de información oportuna— vuelve a colocar la fiscalización en el centro del debate.
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