La Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra el ex Gobernador Leonel Godoy, el senador Raúl Morón Orozco y el ex Alcalde Ignacio Campos por su presunta relación con el homicidio de su esposo Carlos Manzo.
Acompañada por centenares de simpatizantes que se concentraron frente a la sede ministerial, la Presidenta Municipal exigió que la investigación no se limite a los autores materiales, sino que incluya la responsabilidad política y eventual autoría intelectual.
Sostuvo que el caso debe escalar a instancias federales para garantizar imparcialidad y evitar encubrimientos.
"Que no quede de lado la línea política", afirmó.
Señaló que entregó videos grabados por la propia víctima antes de morir, material en el que, aseguró, Manzo advertía que, en caso de sufrir un atentado, responsabilizaba directamente a los tres políticos mencionados.
"Presenté las pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado", declaró.
Quiroz pidió formalmente la comparecencia de los señalados ante el Ministerio Público y solicitó que el caso sea atraído por autoridades federales encabezadas por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Durante la movilización, manifestantes exigieron justicia y acusaron protección política a los responsables, mientras que la Alcaldesa negó que la denuncia tenga motivaciones electorales rumbo a 2027.
"Esto va más allá de coyunturas políticas; es una exigencia de justicia. La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente", expresó.
Añadió que los videos constituyen evidencia anticipada y no interpretaciones.
"Carlos Manzo habló antes de morir y hoy el Estado debe escucharlo. No estamos construyendo una narrativa política; estamos entregando evidencia", dijo.
La Edil insistió en que la investigación no puede cerrarse en los ejecutores materiales.
"No sólo se mata con un arma, también se mata desde el poder. Si hubo omisiones o protección, también debe investigarse. La línea de investigación no puede detenerse en los ejecutores", sostuvo.
El homicidio del activista provocó tensiones entre grupos políticos en Michoacán y abrió confrontaciones internas en Morena, mientras familiares y seguidores exigen indagar posibles autores intelectuales.
Quiroz afirmó que la presión social deriva de la falta de esclarecimiento. "La gente quiere verdad, no versiones oficiales. El silencio institucional también lastima a las víctimas", lanzó.
La denuncia coloca por primera vez en la carpeta de investigación a figuras de alto perfil político, lo que podría escalar el caso a nivel federal si se acreditan elementos de responsabilidad.
"Por la dimensión del caso pedimos intervención federal. Queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente", concluyó Quiroz entre las exigencias de justicia.
