Rioverde, S.L.P. – En un movimiento que ha sido calificado por trabajadores del sector como un "operativo bozal", la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) emitió una estricta circular que centraliza toda la comunicación institucional únicamente en la figura de su titular, Juan Carlos Torres Cedillo.
Esta medida surge tras una serie de declaraciones vertidas por personal educativo en distintas regiones, especialmente en la Zona Media, donde se denunciaron públicamente la falta de personal docente en aulas de educación básica, las condiciones precarias de infraestructura en diversos planteles y el retraso en la atención a necesidades administrativas urgentes.
El documento, distribuido desde el pasado 4 de febrero, está dirigido a Directores de Área, Coordinadores Generales, Jefes de Departamento y Titulares de Unidad. En él, se establece que cualquier entrevista o información compartida con medios de comunicación o terceras personas será sancionada.
La dependencia se ampara en los artículos quinto y sexto de su reglamento interno para dictar lo siguiente:
La representación legal y política de la SEGE corresponde únicamente al Secretario de Educación.
Se especifica que "ninguna otra persona está facultada" para informar o dar entrevistas sobre temas relacionados con la Secretaría.
Quien infrinja esta disposición será turnado al Órgano Interno de Control, bajo los lineamientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de San Luis Potosí.
Integrantes del sistema educativo estatal han manifestado su preocupación, pues consideran que esta medida busca ocultar las deficiencias operativas que enfrentan las escuelas al silenciar a los mandos medios que conocen de primera mano las problemáticas territoriales.
"Se está priorizando la imagen institucional por encima de la transparencia y la resolución de conflictos en las aulas", señalaron voces internas que prefirieron el anonimato ante el temor de represalias legales.
Con esta disposición, el flujo de información sobre el estado de la educación en la entidad queda bajo un control absoluto, limitando el acceso de la prensa y la ciudadanía a datos que no provengan directamente del despacho del Secretario.