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Exigen apertura y rendición de cuentas a Sedatu

PAN acompaña reforma que eleva estándares de vivienda, pero demanda transparencia resultados tangibles

San Luis Potosí, SLP.- En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que sustituye el concepto genérico de “vivienda” por el de “vivienda adecuada, digna y decorosa”, estableciendo parámetros verificables para garantizar seguridad jurídica, servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, ubicación estratégica y adecuación cultural.
 
El diputado federal David Azuara Zúñiga, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respaldó el fortalecimiento del marco jurídico, al señalar que elevar el estándar normativo es un paso necesario para que la planeación urbana proteja realmente a las familias mexicanas y evite desarrollos en zonas de riesgo.
 
“No basta con reconocer el derecho a la vivienda; debe ser adecuada, segura y con servicios. De lo contrario, seguimos condenando a miles de familias al abandono institucional.”
 
Sin embargo, David Azuara advirtió que la reforma debe acompañarse de voluntad institucional.
 
Recordó que la semana pasada solicitó formalmente, desde la Comisión, atención y respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) respecto a gestiones pendientes en San Luis Potosí, sin que hasta ahora exista apertura al diálogo.
 
“Somos representantes del pueblo. No estamos pidiendo ilegalidades, estamos pidiendo atención. Las demandas ciudadanas no pueden quedar en el silencio administrativo.”
 
El legislador subrayó que el derecho a la ciudad implica coordinación real entre Federación, estados y municipios, y que no puede hablarse de vivienda adecuada si la autoridad federal no escucha a las comisiones ni a los distritos que enfrentan problemáticas concretas.
 
Afirmó que el PAN seguirá acompañando reformas que eleven estándares y fortalezcan derechos, pero también mantendrá una postura firme para exigir transparencia, interacción institucional y resultados tangibles para las familias.
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