El Congreso de la Unión dio un paso histórico en materia laboral con la aprobación, en el Senado de la República, de una reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue aprobada de manera unánime en la Cámara alta y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para su siguiente etapa de análisis y eventual aprobación definitiva.
El proyecto contempla una implementación gradual: partir de 48 horas en 2026, disminuir a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente alcanzar 40 horas en 2030. Según sus promotores, este esquema permitirá a empresas y sectores productivos ajustar procesos sin comprometer productividad ni salarios, ya que la reforma garantiza que la reducción de horas no implique recorte de sueldo ni prestaciones.
Vicios que pueden se retrocesos
Para el Frente Nacional por las 40 Horas, la iniciativa presidencial aunque puede estar bien intencionada contiene bastantes vicios que podían incluso representar un retroceso en ciertos derechos, por lo que está propuesta podría estar ocultando una realidad más compleja para millones de trabajadores en México. De acuerdo a datos de la OCDE de 2024, México se mantiene como el país donde más se trabaja en el mundo industrializado con un promedio de 2 mil 207 horas anuales por trabajador, superando casi 500 horas el promedio de la organización que es de mil 752 horas, esta carga excesiva de trabajo combinada con salarios bajos crea el caldo de cultivo perfecto para la inconformidad que manifiesta el Frente.
Además esta reforma permite jornadas diarias de hasta 12 horas, 8 ordinarias más cuatro extras, lo que sumado a tiempos de tratado podría significar que un trabajador pase de hasta 15 a 16 horas fuera de casa seis días a la semana, y aún así estar dentro del marco legal; la promesa de más tiempo para la familia se desvanece si el descanso semanal no se protege explícitamente con dos días continuos de descanso. Otro de los focos rojos es la modificación en el pago de tiempo extra, ya que la nueva propuesta emplea el margen de horas extras a pago doble, esto podría incentivar a los empleadores a recurrir a más horas extras en lugar de contratar más personas.
Impactos y posturas de las cámaras empresariales
En San Luis Potosí, entidad con una base productiva diversa y fuerte presencia del sector industrial, el debate ha tenido matices particulares.
Desde el sector empresarial potosino se expresan inquietudes y llamados a la cautela. Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) la reducción de horas y, en particular, la eventual inclusión de dos días de descanso obligatorio, podría representar un reto enorme para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de CANACINTRA, ha señalado que, aunque la transición gradual podría integrarse en sectores más robustos, obligar a estos descansos impactaría negativamente la producción y la viabilidad de operaciones con márgenes reducidos, por lo que pide incentivos fiscales y acompañamiento gubernamental.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha interpretado la reducción de la jornada como un desafío para las empresas, que deberán mantener niveles de producción iguales o mayores con menos tiempo de labor efectiva. Esta cámara ha insistido en que el sector empresarial debe centrarse en elevar la productividad y adaptarse mediante capacitación, innovación y organización interna.
Al respecto Juan José Sierra, presidente nacional de la COPARMEX, indicó que una reducción de las horas de trabajo semanal de 48 a 40 horas en momentos en que no hay crecimiento económico podría provocar un cierre de empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas y pérdida de empleos.
En cuanto a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur), se ha señalado que la transición aumentará la presión sobre los costos de operación y competitividad, pidiendo también apoyos e incentivos gubernamentales para que las unidades económicas, sobre todo las pequeñas, no vean deteriorada su actividad.
El presidente de la Canaco Servytur, Fernando Díaz de León, expresó su respaldo a la medida, aunque solicitó apoyos gubernamentales para evitar afectaciones a las MiPyMEs. El dirigente empresarial señaló que el sector comercio, servicios y turismo está a favor del bienestar de los trabajadores y recordó que en años recientes las empresas han asumido incrementos al salario mínimo, ampliaciones en los días de vacaciones y nuevas disposiciones laborales.
Sector automotriz y metalmecánico en SLP se preparan para la reforma
El sector industrial potosino comienza a trazar su ruta de adaptación. Sergio Arellano, delegado de la organización sindical Sinergia, afirmó que el éxito de esta transición recaerá directamente en el liderazgo de los gerentes y jefes de producción de cada línea.
La organización Sinergia, que representa a más de 12 mil trabajadores en sectores estratégicos como el automotriz, metalmecánico y plásticos, sostiene que la reforma obligará a una reconfiguración operativa profunda. Para Arellano la implementación gradual de la ley exigirá estrategias personalizadas, liderazgo operativo y equilibrio en las horas extras.
A diferencia de las posturas patronales más conservadoras, el líder sindical rechazó que la reforma atenta contra la productividad. Por el contrario, aseguró que brindar mejores condiciones y descanso a la clase trabajadora suele traducirse en un desempeño más eficiente y de mayor calidad.
Pide Valladares análisis cuidadoso de reducción de jornada laboral
La eventual reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales representa un avance de gran calado para los derechos de los trabajadores, pero su aprobación debe ir acompañada de un análisis cuidadoso para evitar impactos negativos en la economía, advirtió el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos Valladares Eichelman.
El legislador señaló que en la Cámara de Diputados se revisará con responsabilidad la minuta enviada por el Senado de la República, con especial atención en los llamados “puntos finos” de la reforma; indicó que la intención es que el dictamen pueda discutirse y votarse en los próximos días, sin poner en riesgo a los pequeños y medianos negocios.
Valladares subrayó que uno de los ejes del análisis será el costo que la modificación legal podría implicar para los empleadores, sobre todo en un contexto económico que calificó como de crecimiento contenido. “Hay que encontrar el equilibrio para que la medida no afecte la competitividad ni genere presiones que empujen a la informalidad".
¿Qué podría hacerse ante este panorama?
Para muchos analistas y representantes del sector privado, la clave para enfrentar este cambio sin desbalancear el tejido productivo radica en políticas de acompañamiento fiscal y administrativo; reducción temporal de cuotas patronales, incentivos fiscales y programas de apoyo para PYMES que les permitan financiar la transición; capacitación y apoyo tecnológico; facilitar la digitalización y automatización de procesos para elevar la productividad en menos horas de operación; diálogo continuo entre gobierno, empresas y trabajadores; mesas de trabajo sectoriales para ajustar la implementación por industria, evitando soluciones uniformes que puedan perjudicar segmentos específicos.
Cabe destacar que en San Luis Potosí, donde el sector empresarial representa un componente esencial del empleo y la economía local, la colaboración entre autoridades estatales, federales y organizaciones privadas será crucial para que la transición hacia las 40 horas laborales no se convierta en un obstáculo para la competitividad ni para la generación de empleo formal, sino en una oportunidad para modernizar esquemas de trabajo y balancear la vida laboral y personal.
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