El derecho que nos permitió mirar hacia adentro
Hay derechos que parecen técnicos hasta que desaparecen. La transparencia es uno de ellos. Durante más de dos décadas, México construyó un sistema que permitió a la ciudadanía preguntar y al poder responder. Gracias a ello, la información pública dejó de ser privilegio y se convirtió en garantía.
En 2002 nació la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No fue un capricho político: fue el resultado de un consenso legislativo impulsado por académicos, organizaciones civiles y el llamado Grupo Oaxaca. Con ella surgió el IFAI —posteriormente INAI— y comenzó una transformación cultural profunda: el poder debía rendir cuentas porque los recursos son públicos.
Lo que supimos cuando se abrió la puerta
La transparencia cambió la conversación nacional. Gracias a solicitudes formales conocimos gastos excesivos en distintas administraciones, contratos inflados, compras suntuarias en la Presidencia durante la década de los 2000, padrones irregulares y desviaciones presupuestales que derivaron en investigaciones.
El entonces INAI registró millones de solicitudes de información a lo largo de su existencia. Estudios del CIDE, la UNAM y el ITAM documentaron que el acceso a la información mejoró la calidad del debate público y fortaleció el control social del gasto. La transparencia no elimina la corrupción, pero sí multiplica las posibilidades de detectarla.
El giro institucional: simplificar o debilitar
Hoy el panorama es distinto. A nivel nacional, el INAI desapareció y sus funciones fueron redistribuidas. En el ámbito estatal, se discute la reforma constitucional para la desaparición de organismos como la CEGAIP, trasladando la vigilancia a contralorías internas.
Simplificar estructuras y reducir costos es un objetivo válido. El desafío está en no perder autonomía técnica ni independencia presupuestal, elementos que el derecho comparado considera fundamentales para que un sistema de transparencia funcione. La pregunta no es si debe haber control, sino si el nuevo modelo garantizará la misma fuerza para exigir rendición de cuentas.
El dato jurídico: el derecho a saber
El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública, salvo excepciones justificadas, y reconoce el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
No es un trámite administrativo: es un derecho fundamental. Las constituciones estatales y sus leyes de transparencia desarrollan esta garantía, obligando a documentar, publicar y responder.
Reformar instituciones no puede significar debilitar derechos.
El espejo internacional
En América Latina, Chile mantiene un Consejo para la Transparencia con autonomía técnica sólida; Brasil fortaleció su ley de acceso a la información con estándares claros de cumplimiento. En Europa, países como Suecia y España sostienen órganos especializados que supervisan activamente el cumplimiento.
La lección es clara: los sistemas más robustos combinan independencia, especialización y capacidad sancionadora. Donde la autonomía se diluye, la confianza pública también.
A título personal
Desde 2009 tuve la responsabilidad de encabezar unidades de transparencia en distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Viví el cambio cultural que implicó entender que la información pública no se guarda, se rinde.
Al inicio fue complejo; sin embargo, el acompañamiento de organismos como la CEGAIP fue decisivo. Hubo capacitación, profesionalización y resultados medibles.
San Luis Potosí llegó a ser reconocido por sus buenas prácticas de gobierno abierto. Me formé en diplomados impulsados por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, y vi cómo nuestro estado se convirtió en referente nacional.
Creo en la simplificación administrativa y en la eficiencia del gasto público; pero también creo que cualquier armonización debe garantizar independencia técnica. Reducir burocracia no puede significar debilitar la transparencia ni la protección de datos personales.
El momento que define el rumbo
La redefinición del sistema de transparencia marcará la próxima década. Si el modelo se concentra en contralorías internas, deberá garantizar profesionalización, independencia operativa y mecanismos efectivos de revisión.
La transparencia no puede depender solo de voluntad política; requiere reglas claras y consecuencias reales. Sin ellas, el derecho se vuelve simbólico.
Conclusión: lo que no se puede perder
México tardó más de veinte años en construir un sistema que permitió que el poder fuera observado. Reformar es legítimo. Fortalecer es necesario. Pero retroceder en derechos nunca es buena señal.
La transparencia no es un lujo institucional; es el cimiento de la confianza democrática. Y esa es una garantía que México no puede perder.
Para observar en la semana: salud pública y responsabilidad institucional
Mientras el debate institucional avanza, el país enfrenta el repunte de casos de sarampión. La Secretaría de Salud, en coordinación con los estados, ha activado campañas emergentes de vacunación y vigilancia epidemiológica. La publicación oportuna de datos, la coordinación interinstitucional y la comunicación clara serán clave para contener el brote.
En ambos temas —transparencia y salud— la constante es la misma: información pública confiable y decisiones responsables.
