Las valoraciones más recientes hechas por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que el organismo encabezado por David Colmenares Páramo ha debilitado la fiscalización superior. De acuerdo con un informe fechado en 2025 por el único órgano facultado para revisar el trabajo de la ASF, la presentación de denuncias ha bajado drásticamente y se detectaron retrasos y graves omisiones en la integración de los expedientes, por lo que se corre el riesgo de que prescriban los delitos denunciados y generen “pérdida de confianza ciudadana, debilitamiento del combate a la corrupción y cuestionamientos sobre la utilidad de los recursos destinados a la fiscalización superior”.
La ASF sólo ha conseguido cuatro sentencias condenatorias firmes contra cinco personas de 367 denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en casi una década. “La falta de resultados tangibles incrementa la posibilidad de que conductas graves queden impunes”, sentencia la UEC en el informe de evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora en relación con las denuncias de hechos y responsabilidades administrativas por faltas graves.
El documento, elaborado por la instancia técnica de la Cámara de Diputados, advierte que esta baja tasa de sentencias –que representa 1.09 por ciento del total– y los largos periodos para concluir los procesos judiciales generan “percepción de ineficacia” en la fiscalización superior y en la colaboración con la FGR.
“Retrasos críticos”
La evaluación detectó que la ASF enfrenta “retrasos críticos” para integrar y presentar denuncias ante la fiscalía especializada, con demoras hasta de siete años entre la detección de las irregularidades graves y la interposición de las acciones legales. Esta dilación coloca a la mayoría de los casos en “alto riesgo de prescripción” de los delitos, lo que podría dejar sin castigo cientos de expedientes. El informe subraya que la ASF opera con “deficiencia estructural”, ya que no realiza estimaciones internas sobre los plazos de prescripción ni prioriza los casos críticos, lo que, a su juicio, “debilita la fiscalización”.
La evaluación, que corresponde a la gestión de Colmenares Páramo en la recta final de su periodo de ocho años –iniciado en 2018 y que concluye el 15 de marzo–, se da en un contexto en que el propio auditor superior ha anunciado que buscará su relección por un segundo y último periodo de ocho años al frente de la ASF, para lo cual deberá someterse al proceso que convoque la Cámara de Diputados la próxima semana.
El informe evidencia “preocupante” tendencia a la baja en la presentación de denuncias. Mientras de la revisión de la cuenta pública 2020 se derivaron 17 denuncias, para los ejercicios 2021 y 2022, la cifra fue de dos y una, respectivamente. Al corte de septiembre de 2025 no se había presentado ninguna correspondiente a la cuenta pública 2023. De las 30 denuncias analizadas entre 2019 y 2023, 28 continúan en etapa de integración –es decir, 93 por ciento– y sólo una ha sido judicializada.
En materia administrativa, el panorama es similar. De mil 833 promociones de responsabilidad por faltas graves presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, apenas 1.9 por ciento ha concluido, y sólo 18 resoluciones han derivado en responsabilidad acreditada. La mayoría de los asuntos se encuentra en etapa de substanciación , con rezagos de la ASF que también pueden derivar en prescripción.
