El dueño del Crematorio Plenitud, José Luis A. C., recuperó su libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras obtener un amparo de un juez federal, hecho que la Fiscalía estatal impugnará, al advertir un alto riesgo de que el empresario escape hacia Estados Unidos.
La determinación del juzgador fijada ayer, se basó en su opinión sobre que el hallazgo de 386 cadáveres acumulados en las instalaciones no constituye un delito penal sino una falta administrativa.
La resolución dictada por el Juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, estableció que no se acreditaron los elementos de ocultamiento o conservación ilícita de restos humanos porque el proceso de embalsamamiento cumplía técnicamente con la Ley General de Salud, a pesar de que los cuerpos fueron encontrados apilados, en descomposición y entre heces de roedores.
Ante esto, el Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui convocó a una conferencia de prensa en la que reprobó el fallo.
"Él dice que aquí no hay ocultamiento, que porque ocultar es algo parecido a esconder, cita el diccionario de la Real Academia Española y dice que aunque la conducta es reprochable, es inmoral, es antiética es inprofesional (sic), no es delito", reprochó.
Jáuregui informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) impugnará la decisión para intentar revertir la salida de prisión del imputado quien permanecía recluido desde junio de 2025 tras el operativo que reveló las condiciones insalubres del inmueble.
"Él los conservó ilícitamente a 386 cuerpos, y lo acreditamos plenamente por lo que los jueces locales nos concedieron tanto la orden de aprehensión por los delitos, como la vinculación a proceso de este sujeto, como la prisión preventiva para que llevara por la peligrosidad de este sujeto", apuntó.
Advirtió que existe un alto riesgo de que el empresario se fugue a Estados Unidos por contar con la ciudadanía de ese país y señaló que su liberación deja el proceso penal en una situación vulnerable.
"Frente a una resolución así, no queda más que combatirla, y la Fiscalía lo que hará inmediatamente es presentar dos recursos: un recurso de revisión frente a los jueces de alzada del propio Poder Judicial federal a fin de que recompongan esta sentencia de amparo y vuelvan las cosas en el estado en el que actualmente se encuentran", detalló.
"Y en segundo término, un recurso de queja frente a los órganos de control del propio Poder Judicial a efectos de que se revise la actuación del juez", agregó.
Mientras el funcionario anunciaba las acciones legales, familias de las víctimas se manifestaron afuera de la Fiscalía de Distrito Zona Norte para protestar que el sistema judicial favorece al empresario y las deja en indefensión tras haber recibido urnas con basura y escombros en lugar de las cenizas de sus parientes.
Los deudos cuestionaron que la justicia federal califique como un error de trámites el haber mantenido cientos de cuerpos en tales condiciones y solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones ante la posible sustracción del principal sospechoso.
Hasta el momento, la autoridad estatal reporta la identificación y entrega de 185 cuerpos de los 386 localizados en el predio de la carretera Panamericana donde también se detectaron vínculos con otras funerarias locales que operaban bajo el mismo esquema de fraude.
La Fiscalía estatal aseguró que agotará los recursos jurídicos para evitar que el proceso quede impune y mantiene bajo reserva los detalles de la estrategia de vigilancia que se implementará para evitar la huida de José Luis A. C. hacia territorio estadounidense.
El caso continúa con la integración de expedientes contra empleados y propietarios de negocios como la funeraria Del Carmen quienes también enfrentan cargos por inhumación y exhumación indebida, relacionados con este centro de incineración.
