San Luis Potosí, SLP.- La tarde del 12 de febrero, las puertas de la Facultad de Ciencias campus Pedregal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí volvieron a abrirse. Los candados colocados por estudiantes fueron retirados y las aulas quedaron listas para reanudar actividades. Sin embargo, la reapertura del edificio no significó el cierre del conflicto que detonó la protesta, la denuncia de una alumna de posgrado que acusa a un docente de haberla violentado.
La toma del plantel fue una medida de presión directa. Aunque los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de las instalaciones universitarias, la comunidad estudiantil decidió llevar el caso al corazón de la vida académica para exigir que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí avance en la investigación y actúe contra el profesor señalado, quien hasta ahora no ha sido detenido. Para los alumnos, el espacio universitario no es ajeno cuando lo que está en juego es la seguridad y la confianza dentro de su propia comunidad.
La movilización no se limitó a los pasillos del campus. Hubo bloqueos en puntos clave como el Distribuidor Vial Benito Juárez, la glorieta Francisco González Bocanegra y carretera 57, además de cierres en Periférico y Rocha Cordero. Mujeres universitarias también se manifestaron en el Centro Histórico. La protesta escaló al espacio público y colocó el caso en la agenda ciudadana, aun a costa de molestias viales y críticas.
Tras varios días de presión, una reunión entre estudiantes y autoridades universitarias derivó en la liberación del edificio. No obstante, los acuerdos alcanzados no fueron dados a conocer y los alumnos optaron por no declarar ante la prensa. Ese vacío de información deja más preguntas que certezas, ¿qué garantías se ofrecieron?, ¿qué compromisos asumió la institución?, ¿qué seguimiento tendrá la denuncia?
Las actividades administrativas se reanudarán este 13 de febrero, pero el fondo del asunto permanece abierto. La comunidad universitaria sigue atenta a las decisiones institucionales y al actuar de la Fiscalía. Porque si algo dejó claro esta movilización es que, más allá de los candados, lo que realmente está en disputa es la credibilidad de los mecanismos de justicia y la capacidad de las autoridades para responder con transparencia y firmeza.
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