San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí la participación ciudadana se ha debilitado. La desconfianza hacia las instituciones, la falta de empatía ante los problemas urbanos y la ausencia de un marco legal sólido han provocado que cada vez menos personas se involucren en las decisiones que impactan directamente su entorno.
Bajo este contexto, el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Javier Ernesto Flores Navarro, encabezó un conversatorio sobre participación ciudadana en el que participaron como ponentes la doctora en Arquitectura Estefanía Biondi, la arquitecta Marcela López y el arquitecto Josué Rodríguez. El eje central fue claro, sin una Ley de Participación Ciudadana en San Luis Potosí, los mecanismos actuales carecen de fuerza y respaldo real para la población.
Para la doctora Estefanía Biondi, la participación ciudadana no es un acto simbólico ni un simple ejercicio de consulta. La define como “un proceso continuo que se construye desde abajo hacia arriba”, en el que la ciudadanía consolida decisiones sobre el territorio que habita.
Explicó que participar implica incluso recuperar espacios públicos apropiados indebidamente, descubrir la verdad legal del territorio y negociar para alcanzar un bien común. “Es un proceso que requiere tiempo y constancia”, subrayó.
Desde su perspectiva, todas las personas tienen derecho a asumir un papel activo, aunque los actores varían según la escala del proyecto. Destacó que las mujeres suelen ser más activas en estos procesos debido a su interés en mejorar la calidad del entorno, especialmente por los roles de cuidado. Incorporar la perspectiva de género, dijo, es clave.
La arquitecta Marcela López enfatizó que la participación significa incluir a distintos grupos sociales en la toma de decisiones sobre los espacios que todos comparten. No se trata únicamente de validar proyectos ya diseñados, sino de intervenir desde la idea inicial, el análisis de los problemas y la definición de soluciones.
“Participar implica dar acceso al poder y equilibrarlo”, sostuvo. Sin transparencia ni confianza —advirtió— la ciudadanía difícilmente creerá que su voz tiene un impacto real.
Por su parte, Josué Rodríguez describió la participación como un “proceso vivo” que debe ser reconocido institucionalmente. Recordó que muchas veces los mecanismos de participación surgen del conflicto, cuando un parque está en riesgo, cuando un desarrollo afecta servicios básicos o cuando el espacio público se ve amenazado.
El debate no se quedó en la teoría. Los especialistas señalaron que el crecimiento urbano actual de San Luis Potosí evidencia la falta de participación efectiva.
En zonas como Villa de Pozos continúan desarrollándose fraccionamientos en áreas cercanas a tiraderos clandestinos o espacios donde se deposita basura, lo que impacta el subsuelo y pone en duda la calidad de vida futura de quienes adquieren vivienda ahí.
En la capital, también se han autorizado fraccionamientos sin garantizar plenamente servicios básicos como agua potable o suministro eléctrico suficiente. Se venden proyectos atractivos desde la maqueta, pero la realidad termina mostrando carencias estructurales. Para muchos ciudadanos, esto se traduce en una sensación de engaño o fraude urbano, donde nadie asume responsabilidades.
Incluso desde el propio IMPLAN se ha reconocido que existen infraestructuras, como algunos puentes peatonales, que hoy están en desuso, lo que refleja una planeación desconectada de las verdaderas dinámicas sociales.
Uno de los puntos más contundentes del conversatorio fue la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana en el estado. Aunque desde 2012 se han presentado iniciativas en el Congreso, ninguna ha sido aprobada.
Sin un marco legal que obligue a considerar mecanismos formales —como consultas vinculantes, seguimiento ciudadano de proyectos o instrumentos claros de recolección de firmas— la balanza suele inclinarse hacia intereses económicos y políticos antes que hacia las necesidades cotidianas de las colonias.
Los especialistas advirtieron que muchas decisiones urbanas responden a presiones de élites, desarrolladores o contratistas, mientras la ciudadanía queda relegada a un papel secundario, aun cuando son los habitantes quienes conocen de primera mano los problemas del agua, la movilidad, la seguridad o los servicios.
El mensaje final fue contundente, no es que la ciudadanía no quiera participar, sino que no cuenta con el respaldo legal suficiente para que su voz sea vinculante.
San Luis Potosí crece, pero no necesariamente con orden ni con justicia territorial. Crece en fraccionamientos que después padecen carencias. Crece en infraestructura que no siempre responde a las dinámicas reales. Crece, en muchos casos, bajo decisiones tomadas desde escritorios lejanos a la vida cotidiana de las colonias.
Finalmente, cuando la planeación urbana se diseña sin escuchar a quienes habitan el territorio, la ciudad termina respondiendo más a intereses de poder que a necesidades sociales.
Y mientras no exista una ley que garantice que la ciudadanía tenga un asiento obligatorio en la mesa donde se toman las decisiones, San Luis Potosí seguirá creciendo pero no necesariamente avanzando.
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