San Luis Potosí, SLP.- Enrique Galindo Ceballos lo llamó una decisión “histórica” y “municipalista”. El Cabildo la respaldó. El plan es desincorporar y subastar 18 inmuebles municipales para obtener entre 900 y mil 100 millones de pesos y financiar un ambicioso paquete de obras públicas en 2026.
Pero más allá del discurso oficial, la medida abre un debate de fondo, ¿es estrategia financiera o una señal de fragilidad presupuestal?
Durante sesión extraordinaria, el alcalde defendió la enajenación como una vía para “hacer más obras” y acelerar proyectos como el paso a desnivel en El Saucito, la salida a Guadalajara, intervenciones en Río Españita y trabajos en la zona de Maravillas. Incluso aseguró que 2026 será “el año más movido en obra pública” para la capital.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto donde el Ayuntamiento ya obtuvo el presupuesto que solicitó y donde el propio edil reconoció que el Gobierno del Estado acompañará financieramente algunas de las obras emblemáticas. La pregunta inevitable surge sola, si existe respaldo estatal y suficiencia presupuestaria, ¿por qué recurrir a la venta de patrimonio?
Desprenderse de bienes públicos no es una decisión menor. Aunque el alcalde sostiene que se trata de una “fracción mínima” del patrimonio municipal, la enajenación implica perder activos que podrían generar ingresos a largo plazo mediante arrendamientos, concesiones o esquemas de desarrollo mixto.
En términos financieros, vender es una solución inmediata; conservar y explotar estratégicamente es una apuesta de largo plazo. Optar por lo primero puede resolver liquidez hoy, pero reduce margen de maniobra mañana.
La experiencia en otros municipios muestra que la venta de predios públicos suele convertirse en un punto de observación para órganos fiscalizadores, sobre todo cuando no existe total claridad en avalúos, criterios de selección y mecanismos de subasta.
Otro elemento que llama la atención es que las obras comenzaron incluso antes de concretarse la subasta, utilizando recursos municipales y estatales. Es decir, el proyecto de infraestructura arranca sin que el ingreso por la venta esté materializado.
Si el recurso aún no existe, pero la ejecución ya está comprometida, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política, ¿se está vendiendo por necesidad real o por decisión de expansión acelerada?
El alcalde ha insistido en que no hay crisis financiera. Que no se trata de falta de dinero, sino de visión para hacer más. Pero el contraste entre suficiencia presupuestal declarada y la urgencia por obtener hasta mil millones adicionales coloca a la administración bajo una lupa inevitable.
El fondo del debate no es si la ciudad necesita obras —eso es indiscutible— sino si la ruta elegida es la más responsable para las finanzas públicas.
Vender patrimonio puede ser legal, puede ser viable y puede estar técnicamente sustentado. Pero también marca un precedente delicado, cuando un gobierno opta por desprenderse de activos para ampliar su capacidad de ejecución, deja abierta la puerta para que futuras administraciones recurran al mismo mecanismo ante cualquier presión presupuestal.
Galindo apuesta a que la obra pública justifique la decisión. La ciudadanía, en cambio, exigirá que la transparencia, los avalúos independientes y las subastas abiertas garanticen que cada metro cuadrado vendido realmente beneficie a la capital y no se convierta en una decisión de corto plazo con consecuencias de largo aliento.
Porque el patrimonio municipal no sólo tiene valor comercial. Tiene valor histórico, estratégico y financiero. Y una vez vendido, no hay marcha atrás.
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