San Luis Potosí, SLP.- La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue tomada este martes por estudiantes, luego de que se hiciera pública la denuncia de una egresada de la licenciatura —quien cursaba un posgrado— por una presunta agresión con arma blanca cometida por un profesor adscrito a dicha entidad académica. El paro, que derivó en la suspensión total de clases y el cierre de instalaciones, dejó al descubierto lo que la comunidad universitaria califica como una cadena de omisiones, negligencias y simulación institucional en materia de protección a las mujeres.
La protesta estudiantil estalló ante la inconformidad por la postura inicial de la UASLP, que sostuvo que el docente señalado continuaba impartiendo clases bajo el argumento de la presunción de inocencia y porque los hechos habrían ocurrido en el ámbito privado. Fue hasta que las instalaciones fueron tomadas, las cartulinas cubrieron muros y puertas, y la presión pública escaló, que la universidad emitió un comunicado oficial informando la separación del maestro de toda actividad académica que implicara contacto con estudiantes, como medida precautoria.
De acuerdo con la información confirmada, el profesor denunciado responde al nombre de César Gabriel “N”, quien enfrenta una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado (CDI-FGE-I-D01-44890-25) y un expediente interno en la Defensoría de los Derechos Universitarios (DBU-2026-005-I-QA-01). La UASLP reconoció haber tenido conocimiento del caso desde enero de 2026, cuando recibió copia de la denuncia presentada por la egresada; sin embargo, pese a ese antecedente, no se dictaron medidas de protección desde el ámbito universitario hasta que el paro obligó a reaccionar.
Durante la toma de la Facultad de Ciencias, los estudiantes colocaron mensajes directos contra la administración central y el rector Alejandro Zermeño Guerra, con consignas como “La UASLP encubre violadores”, “La indiferencia es parte del problema” y “Fuera violentadores”. Para la comunidad estudiantil, el comunicado institucional no representa un acto de responsabilidad, sino una respuesta tardía que sólo llegó cuando el conflicto se volvió insostenible.
El paro también evidenció que el problema no es un caso aislado. Durante la jornada de protesta se registró un episodio en el que un estudiante fue confrontado públicamente por otro alumno, quien lo señaló de acosador y lo expulsó del espacio entre gritos, acusándolo de ejercer violencia contra compañeras. Este hecho, ocurrido en pleno paro, reforzó la percepción de que el acoso y la violencia contra las mujeres persisten dentro de la universidad, no solo en Ciencias, sino de forma transversal en distintas facultades.
Hasta el momento, las y los estudiantes decidieron no emitir declaraciones formales, al señalar que se encuentran en proceso de organización y toma de acuerdos colectivos. No obstante, trascendió que el movimiento podría escalar, con la posible adhesión de otras facultades y la planeación de una movilización que partiría hacia la Fiscalía General del Estado y concluiría en el Edificio Central de la UASLP, como una exigencia directa de justicia y de cambios reales en los protocolos de seguridad universitaria.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio a la Defensoría de los Derechos Universitarios, una instancia creada —y fortalecida en el discurso— tras casos previos de violencia sexual dentro de la propia institución. Para el estudiantado, la realidad es clara, los protocolos prometidos no han evitado nuevas agresiones y la universidad sigue reaccionando solo cuando el paro y la protesta la obligan a hacerlo. Una vez más, la UASLP llega tarde, se deslinda y actúa únicamente bajo presión.
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