San Luis Potosí, SLP.- En San Luis Potosí, la discusión sobre la calidad del aire suele centrarse en el crecimiento del parque vehicular; sin embargo, hay una fuente de contaminación persistente que sigue operando entre la informalidad, la tolerancia institucional y la urgencia social: las ladrilleras. Estos talleres artesanales dedicados a la fabricación de ladrillo mediante la quema de arcilla se han convertido en un foco ambiental crítico, no solo por lo que producen, sino por cómo y dónde lo hacen.
Una ladrillera es, en esencia, un horno rústico donde se cuece arcilla para transformarla en ladrillo. En la práctica, muchas funcionan con tecnologías obsoletas y combustibles altamente contaminantes. En la zona metropolitana de San Luis Potosí operan entre 130 y 135 ladrilleras, aunque solo una parte está formalmente identificada; se estima que alrededor de 70 se mantienen activas de manera constante, produciendo miles de piezas cada semana. El problema no es únicamente su existencia, sino el tipo de materiales que se queman, llantas, plásticos, residuos electrónicos e incluso medicamentos, especialmente en zonas del norte de la capital, más allá del área conocida como Las Terceras.
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Sonia Mendoza, ha advertido que durante la temporada de frío la situación se agrava debido a la inversión térmica. “Con el monitoreo todos sabemos que en estos periodos la contaminación de las ladrilleras se estaciona y se estanca”, señaló, al explicar que los contaminantes no se dispersan y permanecen suspendidos sobre la ciudad. El resultado es una mayor concentración de partículas finas (PM10 y PM2.5), monóxido de carbono y otros compuestos dañinos para la salud.
Mendoza puntualiza que la mala calidad del aire en la capital tiene múltiples orígenes. Tan solo el parque vehicular —que supera los 600 mil automóviles circulando diariamente— genera alrededor del 60 por ciento de la contaminación atmosférica. A ello se suman las emisiones industriales, las quemas clandestinas de basura y, de forma relevante, la quema de combustibles no autorizados en las ladrilleras. “No es solo un problema ambiental, también es un problema social que requiere coordinación entre municipios y el Gobierno del Estado”, subrayó la funcionaria.
El marco normativo existe y se ha endurecido. La Ley Ambiental del Estado, el Reglamento en materia de atmósfera y la próxima entrada en vigor de la Norma Técnica Ecológica NTE-SEGAM-003/2025 establecen reglas claras, prohibición de quemar llantas, basura o aceites; control de emisiones; verificación constante y reubicación obligatoria fuera de la mancha urbana. La norma también impulsa el uso de tecnologías limpias y hornos más eficientes, así como la creación de parques ladrilleros con infraestructura adecuada. El problema no es la ausencia de reglas, sino su aplicación.
Desde el ámbito municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció desde marzo de 2024 la gravedad del tema. Informó sobre un censo, la geolocalización de los hornos y el diálogo con los productores para promover el cambio de combustible y la modernización de hornos mediante materiales refractarios. Incluso habló de sustituir la quema de basura y llantas por gas, como una alternativa menos contaminante. No obstante, a casi un año de esas declaraciones, los cambios siguen sin reflejarse de manera visible en las zonas más afectadas.
Mientras los diagnósticos se repiten y las promesas se reciclan, el humo continúa. Las ladrilleras siguen operando cerca de zonas habitacionales, afectando directamente a comunidades expuestas de forma cotidiana a contaminantes que inciden en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. En San Luis Potosí, el aire no solo está cargado de partículas, también de pendientes institucionales. La pregunta ya no es si el problema está identificado, sino cuánto tiempo más se permitirá que la contaminación siga cocinándose a fuego lento.
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