San Luis Potosí, SLP.- La protesta de las madres buscadoras en San Luis Potosí ha escalado a un nivel crítico de desesperación y exigencia. Ante la negativa del Gobernador para sostener un encuentro directo, las integrantes del colectivo "Voz y Dignidad por los Nuestros" han endurecido su postura, denunciando no solo el despido de personal clave como la fiscal Luz María Montes Morán, sino una alarmante negligencia en la identificación de restos humanos y la falta de recursos básicos para las brigadas de campo.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, reveló una realidad estremecedora: han identificado al menos 25 puntos de inhumación clandestina o "campos de exterminio" distribuidos en municipios como Tamasopo, Xilitla, El Naranjo, Rioverde, Matehuala y Tamazunchale, entre otros. "No vamos a dejar a nuestros hijos ahí", sentenció, al tiempo que describió las extenuantes jornadas bajo el sol, enfrentando hambre, sed y peligros físicos con tal de encontrar una respuesta.
Denuncian que en 2025 se enviaron más de 200 muestras biológicas a Alemania para su análisis. A pesar de que han pasado 10 meses, la Fiscalía General del Estado no ha notificado los resultados positivos, manteniendo a cientos de familias en una espera agónica.
El recurso asignado a la Comisión Estatal de Búsqueda es insuficiente. Las madres han tenido que gestionar apoyos con alcaldes empáticos para costear combustible y pago de buscadores, ante la carencia de apoyo financiero del Estado.
Las madres buscadoras exigen el regreso de Luz María Montes Morán, cuya salida es vista como un retroceso táctico y humano en las carpetas de investigación.
"Nos arrancaron el alma. No es valor, es amor", expresan las buscadoras, quienes aseguran que su miedo se ha transformado en una fuerza incansable.
La toma de instalaciones de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos se mantiene firme. Las familias advierten que no darán un paso atrás hasta que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad en la crisis de desaparecidos y garantice que las historias de dolor de estas más de 200 familias encuentren, finalmente, una resolución digna.
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