San Luis Potosí, SLP.- La desesperación de una hija que ve a su madre deteriorada en una cama hospitalaria ha vuelto a encender las alarmas sobre la grave crisis que atraviesan los hospitales públicos en San Luis Potosí. Desde el Hospital Central, una mujer denunció públicamente una presunta negligencia médica que, asegura, puso en riesgo la vida de su madre tras la administración de medicamentos que no le correspondían, provocándole un infarto y dejándola en un estado crítico.
De acuerdo con su testimonio, lejos de asumir responsabilidades, el personal médico habría intentado deslindarse de la situación presionando para firmar el alta voluntaria y llevarse a su madre, aun cuando no se encontraba en condiciones para hacerlo. La denunciante relata que incluso se habría contactado a un asilo para que acudiera por la paciente, pese a que ella permanece a su lado las 24 horas y es su única familiar. Originarias del estado de Chihuahua, ambas enfrentan la enfermedad sin redes de apoyo locales, sin acceso a un traslado médico adecuado y con carencias básicas como un tanque de oxígeno.
El caso ha provocado una ola de reacciones ciudadanas que van más allá de la solidaridad individual y apuntan a un problema estructural, hospitales sin insumos, falta de agua, escasez de medicamentos adecuados y ausencia de médicos especialistas. En comentarios públicos, otras familias relatan experiencias similares, donde tratamientos incorrectos derivaron en daños irreversibles a la salud de pacientes, sin que existiera seguimiento, sanción o reparación del daño.
La mujer hizo un llamado directo al gobernador del estado para que intervenga de manera urgente, no solo en su caso, sino en la revisión integral de las condiciones en las que operan los hospitales públicos. “Antes el Hospital Central era sinónimo de calidad médica, hoy se parece a cualquier institución colapsada”, señala, cuestionando el destino de los recursos públicos y exigiendo que las inversiones millonarias se reflejen en atención digna, medicamentos correctos y personal capacitado.
Mientras tanto, voces ciudadanas recomiendan acudir a Trabajo Social y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer denuncias formales, una ruta que cada vez más pacientes consideran necesaria ante la falta de respuestas institucionales. El caso expone una realidad incómoda, cuando el sistema de salud falla, no solo enferma a los pacientes, también empuja a las familias a luchar solas contra un aparato que debería protegerlas.
La exigencia es clara, que el gobierno deje de mirar hacia otro lado y asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Porque en los pasillos de los hospitales públicos, hoy no solo se pelea contra la enfermedad, sino contra el abandono institucional.
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