Un juez federal suspendió por tiempo indefinido el inicio del juicio contra César Duarte Jáquez por el caso de un supuesto lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos procedentes del erario de Chihuahua.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, otorgó al ex Gobernador de Chihuahua una suspensión definitiva que permite continuar con el proceso en su contra hasta la etapa intermedia, pero impide dictar el auto de apertura de juicio.
De acuerdo con registros judiciales, la resolución fue dictada en el amparo que presentó el ex Mandatario contra la vinculación a proceso por lavado de dinero que el pasado 14 de diciembre le decretó María Jazmín Ambriz López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Edomex.
En el proceso penal, la juez Ambriz fijó un plazo de 6 meses que vence el 9 de junio para que la defensa y la Fiscalía General de la República acopien los datos de prueba que pretendan presentar en un futuro juicio, en caso de llegar a esa etapa procesal.
Ese término, que se conoce como investigación complementaria, no se interrumpe con la suspensión concedida e incluso el propio Duarte puede ampliarlo varios meses más.
En el momento en que sea cerrada la investigación complementaria, el procedimiento pasará a la etapa intermedia en la que serán depurados los datos de prueba de las partes. Al concluir el debate de las pruebas, la suspensión impedirá que el juez decrete la apertura del juicio.
En este asunto, la FGR imputa al ex Gobernador haber lavado de junio de 2011 a noviembre de 2014 un total de 73.9 millones de pesos, que eran parte de un supuesto desvío de 96.6 millones de pesos de su gestión en el Gobierno de Chihuahua.
El total del desvío se habría transferido a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, en las que Duarte era accionista mayoritario.
Según la Fiscalía, desde esta entidad el 76 por ciento de los recursos supuestamente fueron triangulados a empresas como Acalá, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos, así como a otra que eran propiedad de Duarte, como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral, y a cuentas de su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
En junio de 2022, el ex Gobernador fue extraditado a México tras haber permanecido detenido en Florida, Estados Unidos, desde julio de 2020.
Tras su llegada al País, se le iniciaron dos procesos penales en el fuero común de Chihuahua.
Uno, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, derivado de un supuesto desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos, y otro también por un supuesto peculado de 120 millones de pesos.
El 6 de junio de 2024 consiguió la libertad provisional con brazalete electrónico, pero el pasado 8 de diciembre, la FGR lo detuvo en la capital de Chihuahua por el caso de lavado de dinero y desde entonces se encuentra internado en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Edomex.
