La carencia que no se puede maquillar
Hay pobrezas que se discuten en cifras y hay pobrezas que se sienten en el cuerpo. La alimentaria es de estas últimas: cuando falta comida suficiente, cuando se come “lo que alcance” o cuando se sustituye lo nutritivo por lo barato, el daño es inmediato y, muchas veces, irreversible. Por eso, si queremos hablar en serio de bienestar, el punto de partida no puede ser otro que la mesa.
Lo que dicen los datos cuando se apagan los discursos
En 2024, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad se ubicó en 14.4% a nivel nacional, de acuerdo con el propio INEGI en su medición de pobreza multidimensional.
Pero hay otro lente igual de importante: el de la seguridad alimentaria en los hogares. Un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública estima que 6 de cada 10 hogares viven algún grado de inseguridad alimentaria (leve, moderada o severa).
Esa combinación explica el corazón del problema: puede haber mejoras en un indicador y, aun así, persistir una realidad cotidiana de mala alimentación.
El giro del modelo: más ingreso, menos política alimentaria
En el último sexenio, la política social se recargó —como nunca— en transferencias monetarias directas. Ayudan, sí: amortiguan urgencias. El punto crítico es que, en materia alimentaria, el dinero no siempre se convierte en comida suficiente y de calidad, especialmente cuando suben los precios, cuando no hay oferta cercana o cuando la dieta disponible es principalmente ultraprocesada. Ahí es donde la estrategia muestra límites: se fortaleció el ingreso, pero se debilitó la arquitectura pública para garantizar el alimento.
El Estado debe tener logística, presencia y red
Antes, la política alimentaria tenía estructura. Organismos como CONASUPO, DICONSA y LICONSA no eran perfectos, pero respondían a una lógica clara: abasto, cobertura territorial, precios de referencia y apoyo nutricional focalizado. Durante años dependieron de Secretaría de Desarrollo Social, lo cual reflejaba que el objetivo era social: llegar a donde el mercado no llega.
El cambio institucional y el costo de perder el enfoque social
Hoy, varios de esos instrumentos quedaron bajo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con un enfoque más sectorial. La idea de conectar producción con consumo suena lógica; el problema es cuando, en la práctica, se diluye el objetivo social y se fragmenta la operación territorial. A esto se sumó un golpe de confianza por casos de corrupción asociados a programas de abasto social; en política pública, ese daño importa porque rompe algo esencial: la credibilidad de la ventanilla que debería proteger al que menos tiene.
No es solo “comer”: es comer bien
El debate alimentario ya no puede limitarse a “que alcance para llenar”. La evidencia de salud pública ha mostrado que México padece una doble carga: carencias y mala calidad nutricional. La ENSANUT reporta, por ejemplo, niveles muy altos de sobrepeso y obesidad en adultos (más de 7 de cada 10), un dato que ayuda a entender que muchas familias comen… pero no necesariamente comen bien.
Cuando la dieta se sostiene en productos baratos y ultraprocesados, la política social termina pagando dos veces: primero en la mesa y luego en el sistema de salud.
Lo que sí funciona afuera: el “combo” que México dejó incompleto
La comparación internacional es útil por una razón: los modelos exitosos rara vez eligen “o dinero o instituciones”; eligen ambos. Experiencias en la región han combinado transferencias con compras públicas a pequeños productores, alimentación escolar, redes comunitarias y logística territorial. El mensaje es simple: si el Estado no organiza la cadena social del alimento, la desigualdad se organiza sola.
El dato jurídico: comer es un derecho, no una concesión
El derecho a la alimentación no es una idea bonita: está en la Constitución. El artículo 4º reconoce el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y obliga al Estado a garantizarlo.
Además, México ya cuenta con la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que establece bases para políticas públicas, información nutricional y coordinación institucional.
En el plano local, la Constitución de San Luis Potosí incorpora el mandato de garantizar el acceso a una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada (art. 12), y la Ley de Desarrollo Social estatal enmarca la obligación de calidad y eficacia de programas sociales.
¿cómo “reinventar” la política alimentaria sin improvisar?
Si queremos pagar esta deuda, el camino no es nostalgia ni borrón y cuenta nueva. Es rediseño serio: recuperar la logística territorial (abasto donde no hay mercado), blindar la operación con controles anticorrupción verificables, focalizar con datos (no con intuiciones), y combinar transferencias con herramientas que sí cambian la dieta: nutrición escolar, canastas nutritivas en zonas críticas, compras públicas locales y educación alimentaria permanente.
Sobre todo, hace falta una meta verificable: menos inseguridad alimentaria real en hogares, no solo “programas entregados”.
La mesa es el primer indicador de bienestar
La política alimentaria no puede darse por atendida porque “se entregó apoyo”. Mientras una parte del país siga viviendo con incertidumbre alimentaria, con dietas de baja calidad o con niños que crecen sin lo mínimo nutritivo, seguiremos administrando la pobreza en lugar de reducirla. El hambre —en cualquiera de sus formas— es una deuda pública. Y ya es hora de empezar a pagarla con resultados medibles, instituciones confiables y una estrategia que, de verdad, llegue al plato.
Para observar en la semana: dos bloques, un nuevo mapa político
En San Luis Potosí ya se mueven piezas de cara a las próximas elecciones: la reunión y señales de entendimiento entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México apuntan a la posible consolidación de dos grandes bloques en la competencia estatal. En los hechos, el mensaje político es claro: se buscan alianzas para llegar con fuerza y ordenar candidaturas.
Conviene estar pendientes: cuando se reacomodan coaliciones, también se reacomoda la agenda real que terminará discutiéndose en campañas y, después, en gobierno.
