San Luis Potosí, SLP.- La exigencia de justicia y verdad volvió a tomar fuerza en San Luis Potosí. Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros alzaron la voz para denunciar lo que consideran un grave retroceso en materia de derechos humanos, la remoción de Luz María Montes Mariano, funcionaria clave en las labores de búsqueda de personas desaparecidas dentro de la Fiscalía General del Estado. Para las madres buscadoras, su salida no es un movimiento administrativo menor, sino una decisión que desmantela años de trabajo, avances legales y procesos construidos desde el dolor y la resistencia.
Guadalupe Mendiola, integrante del colectivo, subrayó que la principal exigencia es la restitución inmediata de Montes Mariano, con las mismas atribuciones, recursos, herramientas y personal con los que contaba anteriormente. Señaló que, desde la llegada de la fiscal Manuela García, el área fue debilitada sin una explicación clara, pese a los resultados y la confianza que la funcionaria había logrado con las familias. “Los derechos humanos son progresivos, no pueden retroceder”, advirtió, al señalar que esta decisión vacía de contenido a la Fiscalía de Derechos Humanos, que ni siquiera ha alcanzado el rango de Fiscalía Especializada, como lo mandata la ley.
El reclamo va más allá de un nombre. Las madres buscadoras denunciaron que desde 2017 existe la obligación legal de crear una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, una instancia que, ocho años después, sigue sin existir de manera formal y operativa. Lejos de fortalecer los procesos, acusaron que la respuesta institucional ha sido debilitarlos, retirar recursos, romper la continuidad del trabajo y dejar en el limbo más de 200 carpetas de investigación y averiguaciones previas, cuyos resultados fueron anunciados desde abril sin que hasta ahora exista información clara para las familias.
Ante la falta de respuestas, el colectivo decidió escalar sus acciones y tomó las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos, cerrando accesos como una forma de protesta legítima. Para ellas, no se trata de presión política, sino de supervivencia, cada decisión opaca y autoritaria retrasa la verdad y alimenta la impunidad.
“No somos estadísticas ni piezas desechables”, sentenciaron. Las madres buscadoras advirtieron que continuarán movilizándose hasta que el Estado cumpla la ley, fortalezca las instituciones de búsqueda y garantice procesos reales de justicia para quienes llevan años buscando a sus hijos e hijas.
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