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Descartan investigación contra Julio Iglesias por visados

El Ministerio de Asuntos Exteriores negó que exista una investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias

El Ministerio de Asuntos Exteriores negó que exista una investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias, luego de que en días recientes se difundieran informaciones que apuntaban a una supuesta inspección relacionada con la tramitación de visados para personal doméstico del artista.
 
 De acuerdo con fuentes del departamento, tras conocerse dichas informaciones se llevó a cabo una actuación interna que no tiene como objetivo al intérprete.
 
 "Tras tener conocimiento de la información sobre la expedición de unos visados se inició una inspección por la Inspección General de Servicios que en nada afecta a Julio Iglesias. Se reitera que la información que dice que hay un expediente a Julio Iglesias es falsa", señalaron a Europa Press.
 
 La aclaración se produce después de que eldiario.es publicara que el Ministerio de Asuntos Exteriores habría iniciado una revisión por los visados de turista con los que presuntamente se trasladó a trabajadores del entorno del cantante a España en 2021, durante una estancia en su residencia de Ojén, en la Costa del Sol.
 
 Según la información difundida por el eldiario.es, Iglesias habría solicitado en el consulado español en República Dominicana visados Schengen de corta estancia para personal de servicio, permisos que permiten estancias de hasta 90 días, pero que no autorizan el desempeño de actividades laborales.
 
 Tres exempleadas aseguraron que, pese a conocer las limitaciones de dichos visados, fueron trasladadas a España para trabajar como internas en la residencia del cantante, bajo condiciones que, según su testimonio, contravenían la normativa laboral española.
 
 Este nuevo señalamiento surgió poco después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara las diligencias penales contra el intérprete, tras la denuncia de dos exempleadas domésticas de sus propiedades en Punta Cana y Bahamas.
 
 El Ministerio Público determinó que la justicia española carece de competencia para investigar los hechos, al considerar que habrían ocurrido fuera del país y que las pruebas se encuentran en el extranjero.
 
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