Mientras miles de ciudadanos enfrentan cortes constantes y deficiencias en el suministro de agua potable, grandes deudores institucionales como el Parque Tangamanga y el Centro de Reinserción Social de La Pila mantienen adeudos millonarios con el Interapas que, en conjunto, rondan los 80 millones de pesos. La situación ha generado inconformidad social, ya que a los usuarios domésticos se les cobra puntualmente el servicio incluso cuando el agua no llega a sus hogares.
"Compensación" financiera, justificación
Ante este escenario, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, justificó la falta de pago de estas dependencias gubernamentales bajo el argumento de un esquema de “compensación” financiera entre el Interapas y el Gobierno del Estado, una práctica que, según dijo, se ha mantenido desde la creación del organismo operador.
“En general son cuentas de Gobierno del Estado que le debe al Interapas y el Interapas le debe al Gobierno del Estado, y cada año se hace una compensación de 'te debo, me debes’, hacemos una cuenta y llegamos a un punto cero”, explicó el alcalde. Sin embargo, esta lógica administrativa deja en desventaja al propio organismo de agua, que continúa arrastrando problemas financieros, infraestructura obsoleta y una creciente incapacidad para garantizar el servicio a la población.
Ciudadanos terminan pagando
La narrativa oficial, aunque presentada como una solución técnica, termina por normalizar la falta de pago de grandes consumidores de agua, mientras el peso financiero recae sobre los ciudadanos comunes. La compensación anual, lejos de representar un saneamiento real de las finanzas del Interapas, parece funcionar como un mecanismo que invisibiliza deudas millonarias y posterga decisiones estructurales, sin consecuencias claras para las dependencias morosas.
Galindo Ceballos adelantó que será en el mes de marzo cuando se espera finiquitar el ajuste de estas cuentas y dar a conocer públicamente cómo se llegó al saldo final, reiterando que cada año se deja correr la deuda y al cierre se realiza el corte correspondiente. Incluso reconoció que, en esta ocasión, el balance favorece al Gobierno del Estado. “Desde que nació el Interapas se deja en el año la deuda y al final se hace el corte: me debes, te debo y llegamos a cero; este año sale a favor el gobierno del estado. La intención es tener cuentas saludables con el gobierno del estado”, concluyó el alcalde.
No obstante, el discurso deja sin respuesta la principal inconformidad ciudadana, por qué la disciplina financiera se exige solo a los usuarios, mientras las instituciones públicas acumulan adeudos que se diluyen en ajustes administrativos, aun cuando el servicio de agua sigue siendo irregular y deficiente para la población.
La expansión acelerada genera crisis
Ante estos escenarios, hay otras problemáticas que agravan la crisis económica del Interapas, por ejemplo San Luis Potosí vive una expansión acelerada. Nuevos fraccionamientos, privados y desarrollos residenciales surgen en distintos puntos de la ciudad, prometiendo plusvalía y calidad de vida. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo retos que van más allá de la construcción de viviendas, la planeación urbana, el acceso real a servicios básicos y la certeza para quienes invierten su patrimonio se han convertido en temas críticos que hoy presionan al municipio. El agua es un foco rojo.
Al respecto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que todavía existen fraccionamientos donde un número considerable de viviendas no cuenta con contrato formal ante Interapas, pese a tener tomas legales. “Todavía hay gente en colonias y fraccionamientos que no tienen contrato con Interapas”, señaló el edil, al exhortar a la regularización.
Desarrollo con problemáticas
Entre los desarrollos con esta problemática, el alcalde mencionó El Pedregal, Sierra Azul, Horizontes y Villa Magna, donde los rezagos han sido significativos. El caso de El Pedregal refleja la dimensión del problema, alrededor del 40 por ciento de las viviendas no tiene contrato, mientras que en Villa Magna, donde el año pasado casi el 70 por ciento estaba en esta condición, hoy el porcentaje se redujo a entre 15 y 18 por ciento gracias a campañas de regularización. Galindo Ceballos fue claro en puntualizar que no se trata de tomas clandestinas, sino de conexiones legales otorgadas por fraccionadores que vendieron casas sin que los compradores completaron el trámite ante el organismo operador.
Alrededor de 2 mil tomas clandestinas en la zona metropolitana
De acuerdo con Antonio Cardona, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, el concepto de toma clandestina se refiere a “cuando una persona se conecta de manera dolosa a la red de distribución sin reportar este consumo ante el organismo operador". En pocas palabras, se están robando el agua”.
En la zona metropolitana de la capital potosina se estima que existen alrededor de 2 mil tomas clandestinas, revelan datos del Interapas Cada día, su personal detecta entre tres y seis conexiones ilegales, distribuidas en colonias como Villa Magna, Lomas y el Barrio del Montecillo. El robo no se limita a las tuberías urbanas. En la Huasteca potosina, agricultores han instalado bombas sin autorización en ríos y arroyos para regar caña y otros cultivos, mientras que en otras zonas se han identificado pozos perforados sin concesión, especialmente en la comunidad de La Florida, hoy bajo investigación por parte del propio Interapas.
¿Qué ha hecho Interapas?
El Interapas ha implementado programas de regularización de usuarios, clausura de tomas clandestinas con apoyo notarial, e imposición de sanciones económicas conforme a la Ley de Aguas del Estado. Sin embargo, como reconoce el propio investigador Cardona, “al ser tomas clandestinas, no hay información certera sobre cuántas existen realmente; la cifra cambia día con día”.
La falta de personal técnico, de inversión en infraestructura de monitoreo, y la poca transparencia en el manejo del agua hacen que el problema permanezca fuera del radar público. A la par del robo directo en las redes de distribución, el especialista advierte otro fenómeno preocupante, el huachicol en las pipas de agua.
“Muchas pipas que circulan por la ciudad se abastecen de pozos clandestinos. No es legal que un pozo destinado a uso agrícola se utilice para llenar pipas y vender agua a la población”, explica Cardona, el cual consideró que esta práctica, aunque aparentemente soluciona la escasez momentánea, está profundizando el deterioro de los acuíferos y favoreciendo el mercado negro del agua, que opera sin control ni regulación sanitaria.
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