San Luis Potosí, SLP.- La reciente toma de protesta de Georgina González Casares como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no llegó sola. Detrás del relevo directivo, docentes que respaldaron su nombramiento denuncian presiones directas desde la Rectoría para imponer acuerdos políticos y cargos estratégicos dentro de la facultad, lo que ha encendido una nueva disputa interna.
De acuerdo con testimonios de profesoras y profesores que apoyaron a la nueva directora, el rector de la UASLP habría solicitado expresamente a González Casares que dialogara con un grupo opositor —integrado por ocho personas— con la intención de “trabajar juntos”. La directora accedió al encuentro y, en un intento de conciliación institucional, ofreció espacios académicos y de colaboración.
Sin embargo, la respuesta del grupo fue negativa. Según los docentes, el verdadero interés no era académico, sino ocupar cargos de decisión, particularmente la Secretaría General de la Facultad, lo que permitiría un control directo de la administración interna.
“Le pidió el rector a Geo que platicara con el grupo opositor. Ella los invitó a sumarse a trabajar y les ofreció algunos espacios académicos, pero ellos estaban aspirando a la Secretaría General. Cuando no se les dio eso, vino el reclamo de que no había cumplido la instrucción”, relataron docentes cercanos al proceso.
La postura de González Casares fue clara, no ceder a la imposición de cargos y mantener su derecho a conformar un equipo propio, decisión que —según los denunciantes— generó molestia en la Rectoría y en el grupo inconforme.
Las acusaciones escalan aún más cuando los docentes apuntan directamente a Urenda Queletzú Navarro Sánchez, abogada general de la UASLP, a quien responsabilizan de influir en el rector para favorecer a un grupo específico dentro de la Facultad de Derecho.
“Ella ha manipulado todo siempre. Manipuló al rector para favorecer a su grupo. Sabemos que Urenda tiene la aspiración de ser rectora y está construyendo su espacio desde decisiones que no le corresponden”, denunció la catedrática Lucy Lastras, quien acompañó el proceso de la nueva directora.
Los docentes expresan que la intención era “tener a la Facultad de Derecho de su lado” mediante la colocación de funcionarios afines, una estrategia que —afirman— ha sido rechazada por la mayoría del profesorado.
“Yo fui a pedirle al rector, de parte de los maestros que respaldamos a la nueva directora, que respetara sus decisiones y que le permitiera formar su propio equipo, sin influencia de personas ajenas”, declaró Lastras.
Los docentes también advirtieron que la actuación de la abogada general ha generado conflictos legales, crisis internas y pérdidas de amparos, además de tensiones con el sector empresarial, todo ello —afirman— en perjuicio de la universidad.
“No lo vamos a permitir. Batallamos para que se respetara la terna y lo logramos con una votación. No sabemos si quisieron incidir en Geo para meter mano en la escuela, pero ella ha sido firme en respetar la voluntad de la facultad”, señalaron.
Finalmente, los profesores marcaron una diferencia clara entre ambos grupos, mientras algunos buscan cargos, control y beneficios económicos, la mayoría —aseguran— mantiene una vocación académica.
“Los maestros de base venimos por 80 pesos. Nuestro interés no es económico ni político; es levantar la Facultad de Derecho y formar a los mejores abogados. El otro grupo tiene tiempos completos, posgrados y beneficios que la mayoría no tenemos”, concluyó Lucy Lastras.
La exigencia es contundente, respeto a la autonomía interna de la Facultad de Derecho, a la voluntad expresada en la votación y al derecho de la nueva directora de ejercer su cargo sin presiones ni imposiciones desde la Rectoría.
.gif)
