San Luis Potosí, SLP.- El reconocimiento legal de la identidad de género volvió al centro del debate público en San Luis Potosí, luego de que colectivas trans, no binarias y personas defensoras de derechos humanos denunciaron que el Estado ha comenzado a cobrar por un trámite que, sostienen, debería garantizarse sin condiciones económicas.
Las organizaciones advirtieron que la reciente aplicación de un cobro para la modificación de datos en actas del Registro Civil no es un asunto administrativo menor, sino una decisión que convierte un derecho humano en un servicio condicionado al poder adquisitivo.
Las voceras subrayan que la identidad no puede tratarse como una concesión ni como un privilegio burocrático. Recordaron que el derecho al nombre, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad forma parte del núcleo de la dignidad humana, por lo que cualquier barrera económica vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Actualmente, la Ley de Hacienda del estado contempla un pago equivalente a 10.52 UMA para el trámite de reconocimiento de identidad de género. Aunque la autoridad lo ha justificado como un costo operativo, las colectivas señalaron que, en la práctica, opera como un filtro excluyente, especialmente para personas trans y no binarias que enfrentan precarización laboral, discriminación y violencias estructurales.
“El problema no es solo el monto, sino el mensaje que envía”, señalaron. Cobrar por un trámite que otorga certeza jurídica y reconocimiento estatal, afirmaron, profundiza las desigualdades y normaliza la idea de que algunos derechos son negociables.
Además, alertaron que la fijación de un precio genera incertidumbre y abre la puerta a criterios discrecionales, aplicaciones desiguales y posibles arbitrariedades, debilitando la garantía efectiva del derecho a la identidad.
Las organizaciones recordaron que esta medida contraviene estándares nacionales e internacionales. Citaron resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que los procedimientos de reconocimiento de identidad deben ser administrativos, sencillos y accesibles, así como criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que llaman a los Estados a tender a la gratuidad para evitar que factores económicos se conviertan en obstáculos. También mencionaron la Recomendación 42/2024 de la CNDH, que reconoce barreras estructurales con efectos discriminatorios contra personas trans y no binarias.
En este contexto, exigieron al gobierno estatal armonizar su marco legal y sus prácticas administrativas con los principios de igualdad y no discriminación. Entre sus demandas se encuentran la eliminación del condicionamiento económico, la adopción de esquemas de exención o gratuidad para personas en situación de vulnerabilidad, la modernización de los sistemas del Registro Civil y el fin de prácticas administrativas discriminatorias.
Al menos 11 personas ya han pagado el trámite, todas en la capital del estado, y que el cobro comenzó a aplicarse tras una reciente actualización administrativa. Aunque el procedimiento sigue activo, señalaron que ahora el pago se ha vuelto un requisito obligatorio.
Las colectivas informaron que analizan posibles acciones legales con organizaciones de litigio estratégico, aunque reiteraron su disposición al diálogo institucional antes de escalar el conflicto a instancias formales.
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