San Luis Potosí, SLP.- Las declaraciones del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, frente al caso de la UniTienda no solo buscan cerrar el tema, sino que revelan una estrategia discursiva clara, minimizar una presunta irregularidad grave y reducirla a un simple error administrativo sin consecuencias.
En una universidad que lleva al menos tres años negándose a ser auditada, el hecho de que se hayan pagado facturas millonarias por productos que, según trabajadores, nunca ingresaron al inventario, debería encender alertas institucionales. Sin embargo, el rector optó por una narrativa que normaliza el gasto injustificado.
“No hubo sanción, la ropa se compró como puedes comprar cosas que no se venden, ahí está el material, existe”, declaró Zermeño, reduciendo el caso a una mala decisión comercial. Con esa afirmación, el rector evita pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa, la autorización de pagos y la falta de controles internos.
El problema no es únicamente que la ropa no se haya vendido, sino que se adquirieron productos innecesarios en una institución que enfrenta carencias estructurales, desde infraestructura deteriorada hasta falta de insumos básicos en las facultades. La minimización del gasto resulta especialmente preocupante cuando se contrasta con la realidad que viven estudiantes y trabajadores.
Más aún, el rector insistió en dar por concluido el caso,“Es un asunto que ya está acabado por nosotros. En 2023 y 2024 se compraron a un proveedor ropa que no fue suficientemente adecuada para el personal universitario, no se vendió”.
Con esta declaración, la autoridad universitaria traslada el problema a una supuesta falta de adecuación del producto, eludiendo cualquier explicación sobre por qué se autorizó la compra, por qué no hubo sanciones y por qué el responsable directo dejó el cargo sin consecuencias.
La figura de Marco Antonio Aranda Martínez, exdirector de la UniTienda, queda así diluida en el discurso oficial. Aunque su designación carecía de experiencia previa y estuvo marcada por un evidente beneficio administrativo —completar los años necesarios para jubilarse con el 100 por ciento de su salario—, su salida no implicó castigo, sino una pensión “bien resuelta”, según se reconoce de manera tácita.
“El material de la ropa está en resguardo en contraloría”, señaló el rector, como si el simple resguardo sustituyera la rendición de cuentas. La frase funciona más como un cierre retórico que como una respuesta de fondo.
El mensaje institucional es claro, no hubo daño, no hubo responsables y no hay nada más que explicar. Pero en una universidad pública, el verdadero daño no está solo en las compras cuestionables, sino en la forma en que se normaliza la opacidad, se justifican gastos innecesarios y se premia a los funcionarios en lugar de sancionarlos.
Las declaraciones del rector, lejos de disipar dudas, profundizan la percepción de que en la UASLP los problemas no se investigan, se administran con silencio y se archivan con discursos.
.gif)
