San Luis Potosí, SLP.- Lo que comenzó como una inconformidad administrativa terminó por exhibir una fractura más profunda dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI) cumplieron cuatro días consecutivos en paro de “brazos caídos”, no como una medida de presión salarial, sino como una respuesta directa a lo que califican como omisiones graves y falta de atención a denuncias por acoso laboral.
El detonante del conflicto fue la notificación informal de que los expedientes presentados ante la Defensoría de Derechos Universitarios habían sido cerrados sin sanciones ni resoluciones de fondo. Para los trabajadores afectados, esta acción no solo representó el archivo de documentos, sino el cierre de una vía institucional que debía garantizarles protección y justicia dentro de la propia universidad.
La inconformidad se hizo pública el viernes 23 de enero con manifestaciones que se extendieron durante el fin de semana y que, ante la falta de respuesta concreta, derivaron el lunes en un paro laboral pacífico. Desde entonces, los trabajadores han insistido en deslindarse de cualquier negociación salarial entre el sindicato administrativo y la rectoría, subrayando que su protesta no tiene relación alguna con ese proceso, como se había sugerido desde la administración central.
A través de pancartas colocadas en las instalaciones de la FCI, el personal dejó claro que su demanda es otra, ser escuchados y protegidos frente a lo que consideran prácticas de acoso laboral normalizadas y toleradas. En el pliego petitorio entregado a las autoridades universitarias, solicitan la remoción de Rocío Elena Leura Vargas, administradora de la facultad, y de Norma Lilia Ariceaga Hernández, secretaria general, a quienes señalan por presuntos actos constitutivos de acoso.
Otro de los puntos que ha generado inconformidad es la contratación de personal externo a la UASLP, específicamente de Lorena Torres Martínez como encargada del área de Recursos Humanos, contratación realizada con recursos propios de la facultad en un contexto de crisis financiera reconocida por la propia universidad. Para los trabajadores, esta decisión refleja una contradicción institucional y una falta de sensibilidad ante la precariedad laboral que denuncian.
Más allá del paro, el fondo del conflicto apunta a la ausencia de mecanismos efectivos de protección para el personal administrativo sindicalizado. Por ello, los trabajadores exigen la intervención inmediata de las autoridades universitarias para implementar medidas urgentes que garanticen un entorno laboral seguro y libre de represalias.
El caso de la FCI no solo pone en evidencia un conflicto interno, sino que abre un cuestionamiento más amplio sobre el papel de las instancias universitarias encargadas de velar por los derechos laborales y humanos dentro de la máxima casa de estudios potosina. Mientras no haya respuestas claras, el paro se mantiene como un recordatorio incómodo de que el silencio institucional también es una forma de violencia.
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