Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico que denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la posible omisión de funcionarios en la construcción de la obra, acusaron que se les ha negado el acceso a la carpeta de investigación, así como el reporte de los avances.
Mientras que la FGR atribuyó el accidente que dejó 14 muertos al exceso de velocidad y acusó al conductor, los integrantes de una familia que presentaron la denuncia ante la FGR el 5 de enero aseguraron que ni siquiera les han notificado de la audiencia inicial.
"Ante la falta de información oficial, se solicitaron formalmente avances de la investigación, sin que a la fecha exista respuesta. Por ello, el 27 de enero se promovió audiencia de control por omisión, conforme al artículo 258 del (Código Nacional de Procedimientos Penales) CNPP, y se reiteró la solicitud de acceso a la carpeta de investigación", declararon en un comunicado.
"Asimismo, pese a conocer por medios de comunicación la posible celebración de una audiencia inicial, las víctimas no han sido notificadas, por lo que se solicitó información oficial al Centro de Justicia Penal Federal", agregaron.
Tres integrantes de una familia de misioneros de Ciudad Juárez, Chihuahua, que viajaba en el Interoceánico que se descarriló el 28 de diciembre interpusieron una querella por lesiones culposas y otros delitos en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) mediante el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, quien hoy difundió el comunicado.
Las víctimas reclamaron castigo contra los funcionarios que omitieron su deber de supervisar la construcción del Tren, incluido Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el "supervisor honorífico" de una de las mega obras consentidas de su padre.
"Hay funcionarios que no hicieron su trabajo, hay personas que omitieron y se dieron a la corrupción. Es por eso que hoy el pago es un descarrilamiento. Esto no se debe de olvidar, se debe penalizar y se debe castigar conforme a la ley", dijo Juan Manuel Iglesias López, uno de los sobrevivientes.
"Cualquier funcionario. Aquí no hay, no debe haber un trato excepcional a ciertos personajes públicos. Aquí el que omitió su trabajo, aquel que se prestó a la corrupción, debe de caer. Es por eso que esta demanda no es simplemente: 'Ya me sané, ya me curé, lo olvido'. No, esto debe ser un precedente, que todo mexicano tiene derecho a exigir justicia", expuso.
Los denunciantes también pusieron en la mira a los funcionarios de la Secretaría de Marina, encargada de la operación y supervisión del Tren; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), responsable del planeamiento y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, y a López Beltrán, además de las empresas Comsa Infraestructuras SA de CV, Grupo Constructor Diamante SA de CV y Daniferrotools SA de CV.
El mismo día en que presentaron la denuncia en la FGR, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hacía falta y acusó al despacho de abogados de querer cobrar una comisión.
El 19 de enero, Sheinbaum le quitó responsabilidad al hijo del ex Presidente.
"Él jugó un papel honorífico en la revisión, más bien, de los tiempos y de la construcción. Evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren, pues, estuvo a cargo de ingenieros. Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que, en todo caso, tendrían una responsabilidad", indicó.
Los denunciantes, por su parte, aseguraron hoy que respetan el debido proceso y a la presunción de inocencia, y sus abogados, insistieron en el derecho de los representados al acceso a la justicia, la verdad y la participación efectiva en la investigación.
