San Luis Potosí, SLP.- San Luis Potosí vive una expansión acelerada. Nuevos fraccionamientos, privados y desarrollos residenciales surgen en distintos puntos de la ciudad, prometiendo plusvalía y calidad de vida. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo retos que van más allá de la construcción de viviendas, la planeación urbana, el acceso real a servicios básicos y la certeza para quienes invierten su patrimonio se han convertido en temas críticos que hoy presionan al municipio.
Uno de los focos rojos es el agua. El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció que todavía existen fraccionamientos donde un número considerable de viviendas no cuenta con contrato formal ante Interapas, pese a tener tomas legales. “Todavía hay gente en colonias y fraccionamientos que no tienen contrato con Interapas, y este mes es gratis, entonces tienen que aprovechar”, señaló el edil, al exhortar a la regularización. Entre los desarrollos con esta problemática mencionó El Pedregal, Sierra Azul, Horizontes y Villa Magna, donde los rezagos han sido significativos.
El caso de El Pedregal refleja la dimensión del problema, alrededor del 40 por ciento de las viviendas no tiene contrato, mientras que en Villa Magna, donde el año pasado casi el 70 por ciento estaba en esta condición, hoy el porcentaje se redujo a entre 15 y 18 por ciento gracias a campañas de regularización. El edil Galindo Ceballos fue claro en puntualizar que no se trata de tomas clandestinas, sino de conexiones legales otorgadas por fraccionadores que vendieron casas sin que los compradores completaron el trámite ante el organismo operador.
Pero el desafío no termina en el agua. En Villa de Pozos, autoridades concejales han advertido que el avance de nuevas residencias se está acercando peligrosamente a terrenos con antecedentes de tiraderos clandestinos, lo que representa un riesgo para el subsuelo y la salud ambiental. Este tipo de situaciones exhibe una problemática mayor, la falta de control y vigilancia en algunos desarrollos, donde se prioriza vender sin garantizar condiciones óptimas de entorno, infraestructura y servicios.
La paradoja es evidente. Hoy, una vivienda económica difícilmente baja del millón de pesos, y aun así hay familias que enfrentan problemas de agua, riesgos de contaminación o incertidumbre sobre el suelo donde habitan. El propio alcalde reconoció que la regularización de contratos representa un reto financiero para el municipio, pero insistió en que es una prioridad fortalecer a Interapas y garantizar un servicio adecuado.
El crecimiento urbano no puede medirse sólo en número de casas construidas. San Luis Potosí enfrenta el reto de ordenar su expansión, exigir responsabilidad a desarrolladores y proteger a los ciudadanos de proyectos mal planeados. Comprar una casa no debería implicar asumir riesgos ocultos ni luchar después por servicios básicos. La ciudad necesita crecer, sí, pero con orden, transparencia y visión de largo plazo; de lo contrario, el costo lo seguirán pagando los potosinos.