Cada 5 de febrero, México conmemora su Constitución. No es solo una fecha cívica: es una invitación a revisar el acuerdo que ha ordenado el poder, contenido conflictos y permitido que el país cambie sin romperse. Este año, la reflexión cobra un doble sentido con el bicentenario de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, una de las expresiones tempranas del federalismo mexicano.
Hablar de la Constitución hoy no es mirar al pasado; es preguntarnos si sigue siendo la brújula que orienta nuestro rumbo colectivo.
Una Constitución que se mueve para seguir siendo útil
La Constitución de 1917 no ha sido estática. De acuerdo con estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha sido reformada en más de 250 ocasiones, con más de 700 modificaciones a su texto original. Es una de las constituciones más reformadas del mundo.
El periodo de mayor intensidad reformadora se concentró entre 2012 y 2018, cuando se aprobaron cambios estructurales en energía, educación, telecomunicaciones, competencia económica, fiscalidad y sistema político-electoral. En esos años, la Constitución dejó de ser solo un marco de principios y se convirtió en vehículo directo de políticas públicas. En tiempos recientes, nuevas reformas han reabierto el debate sobre los límites entre actualización constitucional y coyuntura política.
Este dato es revelador: la Constitución mexicana no ha sido frágil, pero sí exigida al límite.
San Luis Potosí: dos siglos de constitucionalismo local
En paralelo, San Luis Potosí celebra 200 años de su Constitución estatal. Las constituciones locales no son documentos menores; son la manera en que los grandes principios nacionales se vuelven cotidianos. Desde el siglo XIX, la Constitución potosina ha evolucionado para incorporar derechos, modernizar instituciones y responder a realidades sociales cambiantes.
Dos siglos después, sigue siendo el marco que organiza la vida pública del estado, desde los municipios hasta el Congreso local. Es federalismo vivo, no retórico.
Reformar para no romper: una peculiaridad mexicana
México ha preferido reformar su Constitución antes que sustituirla. El derecho constitucional comparado muestra caminos distintos. Estados Unidos ha aprobado solo 27 enmiendas desde 1787 y ha confiado en la interpretación judicial. Alemania ha reformado su Ley Fundamental más de 60 veces desde 1949, siempre bajo amplios consensos. México, en cambio, ha optado por actualizar el texto para reflejar cambios políticos y sociales.
La diferencia no está en cuántas veces se reforma, sino en para qué. Las constituciones funcionan cuando amplían derechos, fortalecen instituciones y limitan el poder; se debilitan cuando se convierten en herramientas de coyuntura.
El riesgo de reescribir sin brújula
Aquí surge la pregunta inevitable: ¿puede una Constitución reformarse demasiado? Diversos académicos advierten que el exceso de cambios puede diluir su fuerza simbólica y convertirla en una ley ordinaria más.
El reto no es dejar de reformar, sino reformar con sentido. Cada modificación debería responder a un diagnóstico serio y a un consenso amplio. De lo contrario, la brújula pierde precisión.
La Constitución como acuerdo para convivir
Tanto la Constitución federal como la de San Luis Potosí han cumplido una función esencial: ordenar el conflicto. En lugar de resolver diferencias por la fuerza, se eligieron reglas comunes. En tiempos de polarización, esta lección es central: las constituciones no eliminan desacuerdos, pero sí establecen cómo convivir a pesar de ellos.
Conclusión: reescribir sin perder el rumbo
Las constituciones no fracasan cuando se reforman; fracasan cuando dejan de orientar. México —y San Luis Potosí— han optado, durante más de un siglo, por ajustar sus reglas para no perder el rumbo.
En vísperas del 5 de febrero, recordar que la ley precede a la fuerza y que el acuerdo precede al conflicto no es un ejercicio académico: es una necesidad histórica.
Para observar en la semana: el Congreso y el rumbo legislativo
Con el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, comienza una etapa decisiva. En la agenda pendiente se asoman temas que marcarán el rumbo del país: reformas constitucionales, ajustes al sistema electoral, redefiniciones en seguridad y justicia, discusiones sobre energía, órganos autónomos y equilibrios entre poderes.
Será clave observar no solo qué se legisla, sino cómo: si se construyen consensos, si se escuchan voces técnicas y si la Constitución vuelve a ser el marco que limita al poder o el instrumento que lo acomoda. El trabajo legislativo de este periodo dirá mucho sobre la salud del pacto constitucional mexicano.
