80% del presupuesto en salarios, falta de recursos se notan
Si se cumple la proporción histórica señalada por distintos actores universitarios, el 80 por ciento del presupuesto, equivalente a 3 mil 196.8 millones de pesos, se irá exclusivamente a la nómina de docentes, administrativos y altos funcionarios. Eso deja apenas 799.2 millones de pesos, el 20% restante, para cubrir todo lo demás, mantenimiento, infraestructura, equipamiento, insumos, servicios, ampliación de espacios y apoyo directo a estudiantes.
Los efectos de esta distribución ya están documentados. En septiembre de 2022, el Edificio 3 de la Facultad de Ciencias fue clausurado por riesgo de colapso, tras el sismo que reveló agrietamientos graves en muros y techos. No fue un hecho aislado, sino la consecuencia de años sin inversión estructural.
En agosto de 2025, estudiantes de Estomatología tomaron las instalaciones para exigir insumos, mobiliario funcional y mantenimiento básico en clínicas que operan con equipo obsoleto, mientras enfrentan aumentos en cuotas y reducción de descuentos a pacientes.
Los altos sueldos de funcionarios universitarios
Ese contraste se vuelve más agudo cuando se revisan los niveles salariales en la cúspide de la administración universitaria. El rector Alejandro Zermeño Guerra percibió en 2025, un salario neto mensual de 95 mil 238.31 pesos, como mando superior de primer nivel. El círculo cercano del rector también tiene grandes salarios, como mandos superiores de segundo nivel, Federico Arturo Garza Herrera, Secretario General gana 90 mil 253.47 pesos; Isaías Ricardo Martínez Guerra, Secretario de Finanzas gana 93 mil 284.24 pesos; y Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Abogada General, 80 mil 013.38 pesos. Además más de 40 funcionarios superan los 100 mil pesos mensuales. En paralelo, facultades sin presupuesto para renovar laboratorios y clínicas sobreviven con recursos mínimos.
La ecuación financiera es clara, el presupuesto total para 2026 es de 3 mil 996 millones de pesos; el gasto en salarios es del 80%, 3 mil 196.8 millones; el resto para todo lo demás, apenas un 20%, 799.2 millones de pesos, de ese monto reducido deben salir inversiones que, por su naturaleza, son costosas, reforzamiento estructural, construcción de nuevos edificios, compra de equipo médico, materiales de laboratorio, mantenimiento preventivo y ampliación de espacios. Es decir, menos de 800 millones de pesos para sostener toda la vida académica no salarial de una universidad que atiende a miles de estudiantes.
Paro de personal en Facultad de Ciencias de la Información
El paro de por personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI), es una muestra clara de la situación que vive actualmente la UASLP, incluso el propio rector optó por un discurso que minimiza el fondo de las inconformidades y coloca el conflicto en el terreno de la disciplina laboral y la negociación salarial.
Lejos de reconocer la gravedad de las denuncias por acoso y abuso laboral, el rector sostuvo que las quejas responden, en buena medida, a desacuerdos con la administración interna y a la inconformidad de algunos trabajadores con la persona encargada del área administrativa; también vinculó el paro con el contexto de las negociaciones salariales, al señalar que las inconformidades forman parte de una “presión salarial” propia de este periodo.
Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados de la FCI sostienen un diagnóstico muy distinto. Desde el 23 de enero de 2026 presentaron un pliego petitorio en el que denuncian violencia laboral, abuso de poder y la omisión de protocolos establecidos en la NOM-035 y en el Contrato Colectivo de Trabajo. La postura del rector perfila un choque de narrativas, para la autoridad, se trata de exigencias laborales mal entendidas; para los trabajadores, de un conflicto estructural que sigue sin ser atendido de fondo.
Opacidad universitaria
Para Guadalupe González Covarrubias, titular de la organización Ciudadanos Observando, es claro y evidente el retroceso, tanto académico como en rendición de cuentas, que vive la UASLP bajó la rectoría de Zermeño Guerra; recordó que cuando él actual rector estaba en campaña por la rectoría, se comprometió a que cuando él llegara a la Universidad, está iba a ser una caja de cristal para rendir cuentas, pero más bien fue una caja de cartón cubierta para que no se pueda ver nada hacia dentro.
"Efectivamente su transparencia deja mucho que desear cuando se sigue negando a que los recursos propios no sean auditados, te están diciendo que están haciendo mal las cosas y había que entrarle de lleno y con seriedad a que se revisen, por ejemplo los recursos de la tienda de la Universidad, diferentes viáticos y gastos; hay un sinfín de cosas que creo que todos los estudiantes que se inscriben año con año quieren saber en qué se gastó su dinero porque es fuerte la cantidad que eroga para las inscripciones".
González Covarrubias lamentó la situación en la que a día de hoy se mantienen la Universidad, con el manejo de sus recursos en secreto, si saber en qué se gastan grandes cantidades de dinero, "creo que la Universidad lleva un retroceso, tanto académico como de rendición de cuentas".
IFSE contra la opacidad
A este escenario se suma un factor que agrava la desconfianza, la opacidad en los recursos propios. Aunque la UASLP proyecta 915 millones de pesos autogenerados en 2026, el rector ha sostenido durante más de tres años que transparentarlos plenamente violaría la autonomía universitaria. Sin auditorías externas claras, nadie puede afirmar con certeza si esos recursos se destinan realmente a infraestructura y educación, o si refuerzan una nómina ya sobredimensionada.
Al respecto, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en voz de su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, ha señalado que esta opacidad tendrá consecuencias, pues ahora el IFSE seguirá adelante con los procedimientos de fiscalización pendientes de la Universidad, se trata tres ejercicios fiscales, 2022, 2023 y 2024, todos por un monto de 600 millones de pesos, por lo que en total el monto observado a la Universidad será de 1800 millones de pesos.
Además mencionó que se va a mandar el expediente de esta reiterada opacidad al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para que determine la sanción, que seguramente será grave por esta omisión de rendir cuentas, y el funcionario irresponsable va a tener que hacer frente con su dinero, con sus recursos, no con el recurso de la Universidad, porque la Universidad no puede estar pagando la irresponsabilidad de un funcionario.
UASLP en caída
La paradoja es evidente, una Universidad con presupuesto amplio, pero con edificios clausurados; con altos salarios directivos, pero con clínicas sin insumos; con discurso de autonomía, pero sin rendición de cuentas suficiente. Si el 80 por ciento del dinero sigue yéndose a salarios, la pregunta de fondo no es financiera, sino ética, ¿Qué tipo de universidad se está construyendo cuando se protege primero la nómina y se deja al final la seguridad, la calidad y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes?. Mientras la nómina crece, las grietas en muros y en la confianza universitaria también se siguen abriendo.
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