San Luis Potosí, SLP.- En medio del paro de por personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI), el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño Guerra, optó por un discurso que minimiza el fondo de las inconformidades y coloca el conflicto en el terreno de la disciplina laboral y la negociación salarial.
Lejos de reconocer la gravedad de las denuncias por acoso y abuso laboral, el rector sostuvo que las quejas responden, en buena medida, a desacuerdos con la administración interna y a la inconformidad de algunos trabajadores con la persona encargada del área administrativa. “Tú estás comprometido a un trabajo y tienes que cumplirlo”, afirmó, al tiempo que defendió que la presión para que se cumplan tareas no puede considerarse acoso si forma parte de las actividades laborales.
Zermeño también vinculó el paro con el contexto de las negociaciones salariales, al señalar que las inconformidades forman parte de una “presión salarial” propia de este periodo. Incluso justificó que algunas denuncias de acoso surgen, según su versión, cuando un trabajador es exigido por no cumplir con lo que fue contratado para hacer, reduciendo así un conflicto de derechos laborales a un problema de desempeño.
Mientras tanto, los trabajadores sindicalizados de la FCI sostienen un diagnóstico muy distinto. Desde el 23 de enero de 2026 presentaron un pliego petitorio en el que denuncian violencia laboral, abuso de poder y la omisión de protocolos establecidos en la NOM-035 y en el Contrato Colectivo de Trabajo. Entre sus demandas destacan la remoción de directivos señalados por acoso, el freno a contrataciones externas en plena crisis financiera y la implementación de medidas urgentes de protección.
Aunque la protesta se ha desarrollado de forma pacífica y con apertura al diálogo, la respuesta institucional ha sido, hasta ahora, negativa. En un contexto donde el 87 por ciento del gasto universitario se destina al pago de salarios, la postura del rector perfila un choque de narrativas, para la autoridad, se trata de exigencias laborales mal entendidas; para los trabajadores, de un conflicto estructural que sigue sin ser atendido de fondo.
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