Disputa por un sacerdote divide a religiosos

San Luis Potosí, SLP.- La figura de Jesús Olvera se ha convertido en el centro de una controversia que enfrenta a fieles, ministros religiosos y dos versiones opuestas de los hechos. Por un lado, ciudadanos y autoridades eclesiásticas han advertido públicamente que este hombre no cuenta con reconocimiento ni ordenación válida dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo que los sacramentos que presuntamente celebra carecerían de validez canónica. Por otro, la Iglesia Veterocatólica de México, A.R., sostiene que se trata de una campaña de difamación y acoso digital en su contra y en contra de uno de sus ministros, el padre José de Jesús Olvera Camacho.

De acuerdo con las denuncias difundidas, Jesús Olvera no aparece en los registros oficiales de sacerdotes católicos y oficiaría ceremonias en casas particulares y espacios públicos, lo que ha generado alarma entre creyentes que temen ser engañados en su búsqueda de atención espiritual legítima. La Iglesia Católica ha reiterado que solo los sacerdotes debidamente ordenados y adscritos a una diócesis pueden administrar sacramentos válidos, por lo que exhortó a la ciudadanía a verificar siempre la identidad de quienes se ostentan como ministros y a reportar celebraciones irregulares en sus parroquias.
En respuesta, la Iglesia Veterocatólica de México emitió un posicionamiento público en el que niega categóricamente las acusaciones y afirma que el padre José de Jesús Olvera Camacho pertenece formalmente a esta iglesia, distinta en su naturaleza jurídica y religiosa de la Iglesia Católica Romana. Según el documento, en todos los actos de culto se informa de manera expresa a los fieles sobre esta diferencia, por lo que —sostienen— no existe engaño, simulación ni abuso alguno. La institución acusa a agrupaciones religiosas de carácter fundamentalista de difundir información falsa de manera anónima para generar descrédito y daño personal.

El conflicto escaló tras una publicación atribuida al presbítero Valentín Carbajal Méndez, de la Iglesia Católica, que habría detonado una ola de acoso y difamación el pasado 24 de enero. La Iglesia Veterocatólica calificó estos hechos como violencia digital y ciberbullying, y los encuadró dentro de conductas sancionables conforme a la legislación mexicana y a las reformas conocidas como “Ley Olimpia”. En su denuncia, invocó artículos constitucionales y tratados internacionales para subrayar que la libertad de expresión no ampara la calumnia ni la vulneración de la dignidad.

Más allá del intercambio de acusaciones, el caso exhibe una zona gris en la vida religiosa de San Luis Potosí, la coexistencia de iglesias con estructuras y reconocimientos distintos, y la fragilidad de los fieles frente a mensajes contradictorios. Mientras una parte advierte sobre un presunto “sacerdote falso”, la otra denuncia un linchamiento digital. En medio, queda una comunidad llamada a informarse, verificar y exigir que cualquier conflicto de fe se resuelva sin engaños, sin violencia y con plena responsabilidad pública.