San Luis Potosí, SLP.- Mientras la presencia de bares y negocios con venta de alcohol se ha vuelto parte del paisaje cotidiano alrededor de varias instituciones educativas de la capital potosina, el Ayuntamiento comienza a trazar una línea divisoria entre los establecimientos “tolerables” y aquellos que ya no tendrán cabida.
El director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega, reconoció que este fenómeno se ha normalizado con los años, pero aclaró que al menos dos negocios ya están fuera del margen de negociación, no se les permitirá renovar su licencia en 2026 por arrastrar un historial de violencia que, dijo, ya no puede ser pasado por alto.
“Traemos en el radar dos casos”, explicó el funcionario, al detallar que ambos establecimientos acumulan antecedentes de peleas, detonaciones de arma de fuego y conflictos recurrentes que derivaron en su clausura. La decisión, afirmó, es negarles el refrendo en cuanto sean notificados formalmente.
Aunque evitó revelar los nombres por tratarse de procesos aún en curso, confirmó que uno de ellos, ubicado en las inmediaciones de la Facultad de Economía de la UASLP, no volverá a abrir. Una resolución que, dijo, fue tomada de manera coordinada con autoridades universitarias.
Sin embargo, la estrategia municipal no apunta a una limpieza generalizada de bares alrededor de los campus. De la Vega admitió que existen otros negocios de este tipo cerca de facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Politécnica, pero descartó que, por ahora, haya intención de cerrarlos.
El criterio, subrayó, no es la cercanía a las escuelas, sino la conducta de cada establecimiento.
“No todos los lugares son conflictivos y no todos son un nido de estudiantes embriagándose”, afirmó. Incluso defendió que algunos operan de manera responsable, ofrecen alimentos y son utilizados por alumnos para estudiar o convivir sin generar problemas.
El funcionario también recordó que varios de estos negocios tienen décadas de operación, incluso anteriores a la llegada de los propios planteles educativos, lo que complica una política de cierres indiscriminados.
Con el nuevo reglamento municipal, la Dirección de Comercio cuenta ahora con mayores facultades para cancelar licencias cuando exista sustento legal, y aseguró que los operativos de inspección continuarán en todos los turnos.
Así, la autoridad municipal apuesta por una regulación selectiva, no una cruzada contra los bares cercanos a universidades, sino un filtro que busca sacar del entorno educativo a los establecimientos que, por su historial, ya representan un riesgo probado.
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