San Luis Potosí, SLP.- El inicio del nuevo semestre en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no estuvo marcado por ceremonias ni mensajes de bienvenida, sino por una protesta que volvió a exhibir una de las deudas más graves de la institución, la atención real y eficaz a los casos de hostigamiento y abuso de poder dentro de sus propias facultades.
En la entrada de la Facultad de Ciencias de la Información, los trabajadores colocaron un cartel con un mensaje contundente:
“Seguimos en espera de una resolución. El personal administrativo aún no es aceptado. DDU no mientas. Por abuso de poder, hostigamiento laboral al personal administrativo. Por parte de los directivos de la FCI”.
La protesta fue encabezada por personal de la facultad que denuncia presuntos actos de hostigamiento laboral y decisiones arbitrarias por parte de directivos, sin que hasta ahora exista una resolución clara por parte de las autoridades universitarias.
El señalamiento alcanza directamente a la Dirección de Derechos Universitarios (DDU), a la que acusan de no actuar con transparencia ni prontitud. Para los inconformes, la instancia que debería proteger a la comunidad universitaria se ha convertido en un obstáculo más en la búsqueda de justicia interna.
Este episodio vuelve a colocar a la UASLP bajo el reflector por un problema recurrente, la falta de control institucional frente a prácticas de acoso y hostigamiento que afectan no solo al personal administrativo, sino también a docentes y estudiantes.
No se trata de un caso aislado. La universidad ha acumulado en los últimos años una serie de quejas similares que revelan un patrón preocupante de omisiones, retrasos y resoluciones inconclusas.
El contexto agrava el mensaje. Este inicio de ciclo escolar ha estado marcado por protestas y paros en distintos niveles educativos, primarias, secundarias y universidades en diversos sectores del estado han arrancado clases entre inconformidades laborales y denuncias de violencia institucional.
La escena se repite con frecuencia, trabajadores que señalan abuso de poder, docentes que denuncian hostigamiento, alumnos que reportan acoso, y autoridades que prometen investigar mientras los expedientes se estancan.
La reflexión es inevitable. Una universidad que forma profesionales y ciudadanos no puede permitirse normalizar el silencio frente al abuso. Cuando las aulas se abren en medio de protestas, el problema ya no es administrativo, es ético.
La protesta en la Facultad de Ciencias de la Información es más que un conflicto interno, es una advertencia sobre la urgencia de que la UASLP recupere el control, la credibilidad y la responsabilidad que exige una institución pública de educación superior.
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