San Luis Potosí, SLP.- Lo que comenzó como una denuncia por presunto bullying terminó por sacudir la estructura directiva de la Escuela Secundaria Técnica No. 67, en la colonia Valle Dorado, y encender una protesta que hoy mantiene a padres de familia en paro frente al plantel. No reclaman la atención a un caso sensible, sino la forma en que una sola queja derivó en la separación de cuatro directivos y en decisiones que, aseguran, dejaron sin protección a quienes sí fueron víctimas.
La inconformidad se detonó tras la queja presentada por la señora Silvia Alvarado Cerda ante el Departamento de Atención al Educando (DEPAI), donde acusó que su hija sufría acoso escolar y que había sido mal atendida por personal directivo. Según su versión, una reunión con una directiva incluso provocó una crisis de pánico en la menor.
Padres de familia y autoridades escolares sostienen otra narrativa, que la madre fue atendida, que hubo diálogo y que se activaron protocolos. Afirman que el conflicto original ocurrió fuera de la escuela, en un espacio público, y que dentro del plantel se documentaron conductas agresivas de la propia alumna señalada como víctima.
“La medida que tomamos fue por un caso muy fuerte de bullying, pero el problema se dio afuera de la institución y se arrastró a la escuela. Aquí se firmaron cartas compromiso y se logró que los alumnos siguieran en clases presenciales”, explicó Adriana Castillo, presidenta de la mesa directiva de padres de familia.
Pese a ello, las decisiones escalaron. Primero, el cambio de grupo de la menor. Luego, una nueva queja. Después, la instrucción de retirar a dos alumnas del plantel. Más tarde, la orden de enviar a dos grupos completos a clases en línea. Finalmente, el 20 de enero, la separación de la directora, la coordinadora, el director y la supervisora de zona.
“Nos dijeron que estaban investigando, pero lo único concreto fue remover a cuatro directivos. Aquí la escuela quedó sin cabeza, y no hay ninguna sanción contra la alumna que ha sido señalada por más de 15 padres”, denunció Castillo.
Uno de los puntos que más irrita a la comunidad escolar es lo que consideran un trato preferencial. Padres afirman que la madre acudía acompañada de un abogado, presuntamente exfuncionario, y que presentaba oficios sin sellos oficiales ni copias, solicitando información de otros alumnos.
“No dejan copias, no permiten fotos de los oficios, piden datos de menores por apodos. Eso no es un procedimiento formal. Y mientras tanto, no se escucha a todos los padres afectados”, señaló la representante.
Las mesas de diálogo con autoridades de Educación Básica, del Departamento de Técnicas y del área jurídica de la SEGE lograron, al menos, el regreso a clases presenciales. Pero no frenaron la cascada de remociones.
Hoy, el reclamo central no es negar la existencia de conflictos entre estudiantes, sino exigir un proceso equilibrado.
Padres de familia advierten que no levantarán el paro hasta que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado revise el caso con imparcialidad, respete los derechos laborales de los docentes separados y garantice que las decisiones no sigan castigando a quienes —afirman— han sido doblemente afectados, primero por la violencia escolar y después por resoluciones que consideran selectivas.
En tanto, la escuela permanece atrapada en un conflicto donde una sola denuncia terminó por poner bajo sospecha a toda una institución.
.gif)
