A pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí obliga a más de 250 entes públicos a rendir cuentas claras sobre sus recursos, obligaciones y operaciones, la realidad muestra un persistente rezago en la publicación de datos fundamentales y un cumplimiento parcial de estas obligaciones, lo cual pone en entredicho el derecho de la ciudadanía a una administración abierta y responsable.
Partidos políticos y entes bajo la lupa
La organización Ciudadanos Observando, dedicada desde hace más de una década a vigilar el ejercicio público en San Luis Potosí, presentó en junio de 2025 su investigación titulada “Partidos políticos en SLP, bajo la lupa ciudadana”, en la cual documenta que la mayoría de los partidos políticos estatales incumplen de manera sistemática con las obligaciones de transparencia, particularmente en la publicación de egresos y percepciones del personal en la Plataforma Estatal de Transparencia.
De acuerdo a este informe, los Partidos del Trabajo (PT) y el extinto de la Revolución Democrática (PRD) no publican ningún dato, lo que los convierte en los más opacos; Movimiento Ciudadano (MC) tampoco reporta gastos ni información sobre personal; el Partido Verde Ecologista (PVEM) y Morena sí suben datos, pero con irregularidades y ausencia de información detallada de proveedores o nómina completa; por su parte el Partido Acción Nacional (PAN) carece de egresos publicados desde 2023; mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reporta cifras, pero con errores y transacciones difíciles de interpretar.
Municipios y otros sujetos obligados: una agenda incompleta
Más allá de los partidos, la falta de transparencia alcanza a los gobiernos municipales. Datos oficiales de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) señalan que solo aproximadamente el 60% de los ayuntamientos cumple con la Ley de Transparencia, dejando un 40% con información parcial o inexistente. Algunos ni siquiera cuentan con responsable formal de unidad de transparencia, a pesar de ser obligación legal desde los primeros días de la administración. En cuanto al Poder Legislstivo, este ha dejado de publicar informes mensuales completos sobre presupuesto e ingresos en la Plataforma Estatal de Transparencia desde abril de 2025, incumpliendo obligaciones básicas y reduciendo la visibilidad pública de sus finanzas.
La respuesta y limitaciones de la CEGAIP
La CEGAIP, órgano garante de la transparencia en la entidad, tiene atribuciones para verificar el cumplimiento de la ley, requerir la publicación de información y aplicar sanciones cuando corresponda. La misma ley estatal establece que la CEGAIP puede requerir, observar y aplicar medidas de apremio a entes obligados que incumplan con sus obligaciones de transparencia.
Sin embargo, en los hechos, su actuación es vista como insuficiente por observadores y activistas. Ciudadanos Observando incluso señala que la CEGAIP ha sido “cómplice de la opacidad” por no sancionar efectivamente a quienes incumplen, permitiendo que partidos y otros entes sigan operando sin transparencia real; además de ha enfatizado que el organismo a veces facilita plazos o tolera incumplimientos, lo que debilita la vigilancia ciudadana.
¿Por qué persiste la opacidad?
Expertos y organizaciones civiles atribuyen el problema a varios factores, como la falta de sanciones firmes y sistemáticas, que permitan pasar de advertencias a consecuencias claras para entes incumplidos; desconocimiento o desinterés de algunas autoridades por publicar información de forma adecuada y oportuna; capacidad técnica limitada en unidades de transparencia, especialmente en municipios pequeños; y resistencia política, particularmente de partidos que manejan recursos públicos y no desean someterse al escrutinio ciudadano.
CEGAIP sin contundencia espera su desaparición
Entre la normativa y la práctica, San Luis Potosí cuenta con un marco legal relativamente robusto para garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Sin embargo, su implementación aún enfrenta grandes desafíos, sobre todo ante la inminente desaparición de la CEGAIP y la creación de un nuevo organismo garante de la transparencia.
Aunque la CEGAIP tiene herramientas legales para supervisar y sancionar, su aplicación no ha sido contundente ni visible para revertir los patrones de opacidad persistentes, especialmente en partidos políticos y gobiernos municipale, y ahora más por su ya anunciada desaparición. La falta de publicaciones claras y completas reduce la transparencia real del ejercicio público y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Observación ciudadana fundamental
Cabe destacar que la vigilancia de organizaciones como Ciudadanos Observando es crucial para detectar irregularidades y exigir mayor apertura gubernamental, pero el cambio sustentable requiere que tanto autoridades como sociedad civil impulsen mecanismos efectivos de sanción, capacitación y cultura de rendición de cuentas, de lo contrario la transparencia seguirá siendo un derecho reconocido pero no ejercido plenamente.
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