El Congreso de la Unión ha ignorado durante años tres sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ayer, la actual integración del Pleno tenía previsto discutir un proyecto para dictar, de nueva cuenta, una orden que debió ser acatada por el Legislativo desde 2021.
Se trata de sentencias de amparo en materia de comunicación social del Gobierno, penalización del aborto a nivel federal y fomento a la industria cinematográfica, que fueron dictadas por los Ministros que dejaron el cargo en agosto pasado, y cuya ejecución no toca supervisar a la Corte, sino a los Jueces que tramitaron los procesos.
En todos los casos, el Congreso ha respondido a decenas de requerimientos judiciales bajo el argumento de que no hay iniciativas en esos temas, y si existen, no han sido dictaminadas; además de sostener que no hay un plazo fatal para hacerlo, pese a que las autoridades están obligadas a acatar las sentencias de amparo en 24 horas.
En septiembre de 2021, la Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la organización Artículo 19, en la que ordenó modificar la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018, al considerar que afecta la libertad de expresión porque permite al Gobierno gastar discrecionalmente el dinero para publicidad y propaganda, castigando a algunos medios y premiando a otros. El amparo debía cumplirse en ese año.
El pasado 11 de noviembre, luego de once requerimientos de un juez, la Cámara de Diputados informó que no hay ninguna iniciativa sobre el tema.
Ayer, la Corte retiró de última hora una acción de inconstitucionalidad contra la LGCS, pendiente desde 2018, cuyo proyecto propone retomar el criterio de la Primera Sala, pero ahora dándole al Congreso los dos periodos de sesiones de 2026 para modificar la ley.
Dan largas
En septiembre de 2023, en tanto, la Primera Sala ordenó derogar los artículos del Código Penal Federal que penalizan el aborto desde 1931.
Más de dos años después, el pasado 5 de enero, la Cámara informó a una Jueza que considera que tiene hasta el 31 de agosto de 2027-es decir, todo lo que le resta a la legislatura-para sacar un dictamen sobre el tema.
Esta respuestas no pareció molestar a la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal, Paloma González, quien se limitó a pedir a los diputados:
"De forma bimestral dentro de los primeros cinco días del mes respectivo, informe a este órgano jurisdiccional el avance del proceso legislativo".
En agosto de 2023, en tanto, la Segunda Sala ordenó restaurar en la Ley Federal de Cinematografía el derecho al fomento y promoción permanentes de esa industria, eliminado en 2020 como parte de la extinción del fideicomiso Fidecine.
En este caso, el juez responsable denunció el incumplimiento del amparo, un tribunal colegiado resolvió que existe un desacato inexcusable, y el pasado 8 de enero, la Corte abrió un incidente de inejecución de sentencia y requirió a ambas Cámaras para que, en 10 días hábiles, informen sobre el cumplimiento, que debió concretarse en 2023.
