San Luis Potosí, SLP.- El arranque de año volvió a exhibir un problema que durante meses permaneció soterrado en la administración municipal, la tramitología excesiva que terminó por frenar la regularización de cientos de comercios en la capital. Desde Protección Civil Municipal, su titular, Alejandro Polanco Acosta, reconoció que el cúmulo de requisitos heredados convirtió el proceso para obtener licencias de funcionamiento en un cuello de botella, particularmente para pequeños negocios y nuevos emprendedores.
Las cifras lo confirman. Durante el año pasado ingresaron poco más de dos mil expedientes relacionados con licencias, pero apenas alrededor del 40 por ciento logró completar el procedimiento. Para el director de Protección Civil, se trata de un porcentaje alarmantemente bajo que no responde a la falta de interés de los comerciantes, sino a un sistema que terminó por ahogarlos en exigencias técnicas y costos difíciles de solventar.
Polanco Acosta explicó que, al analizar el rezago, se detectó un uso desmedido de dictámenes que iban más allá de lo razonable para muchos giros comerciales. Evaluaciones estructurales, de gas y eléctricas se solicitaron de manera reiterada, elevando tiempos y costos al punto de volver inviable la regularización, sobre todo para negocios pequeños que apenas comenzaban operaciones.
“Por darte numeralia, el año pasado tuvimos el ingreso de 2030 expedientes concernientes a obtención de licencia de funcionamiento. Terminan ese procedimiento a lo mejor un 40%, está muy bajo ese porcentaje. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y pues uno de los factores es que se les habían puesto demasiadas trabas”, señaló el funcionario, quien admitió que hubo un abuso en la solicitud de dictámenes especializados.
El impacto, dijo, fue directo sobre emprendedores sin el respaldo financiero suficiente para cumplir con todos los requisitos, lo que provocó que muchos desistieran antes de concluir el trámite y quedaran en una situación de informalidad forzada.
Ante este escenario, el director anunció que la dependencia ya trabaja en un esquema de simplificación de procedimientos, con la intención de reducir obstáculos sin renunciar a las condiciones mínimas de seguridad. El objetivo, afirmó, es que la regularización deje de ser un laberinto administrativo y se convierta en un proceso accesible, especialmente para quienes buscan abrir un negocio por primera vez.
El reto ahora será demostrar que el cambio no se queda en el discurso y que la nueva ruta administrativa realmente permite que más comercios pasen del expediente inconcluso a la licencia en mano.