En operativos simultáneos, autoridades detuvieron a Sergio "N", ex Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), y a Víctor de Jesús "N", ex director administrativo, por presuntas irregularidades financieras y el replanteamiento del control administrativo de ese plantel.
La detención del ex administrativo fue reportada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y asentada en el Registro Nacional de Detenciones.
Víctor de Jesús "N" fue asegurado alrededor del mediodía en el Municipio de Medellín de Bravo, por elementos de la Policía Ministerial, y trasladado para quedar a disposición de un juzgado con sede en Pacho Viejo.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado informó la captura del ex Rector Sergio Torres Mejía, detenido la madrugada del hoy en Xalapa.
Ambos exfuncionarios son señalados por incumplimiento de un deber legal y peculado, y serán presentados ante un juez de control en la zona judicial de Pacho Viejo, Coatepec.
Torres Mejía llegó a la Rectoría a inicios de 2025 y fue destituido en septiembre de 2025 tras protestas internas y señalamientos sobre su gestión.
Estudió Derecho y su designación fue avalada por la junta de gobierno de la UPAV.
Su salida ocurrió luego de semanas de inconformidad, cierres de grupos y reclamos de estudiantes y asesores solidarios.
De hecho, la Gobernadora Rocío Nahle lo destituyó de su cargo.
"Firmé el cambio del nuevo rector o director porque necesito meterme. Debe de haber orden, las escuelas son para que nuestros jóvenes vayan a aprender, se les atienda, no son para otra cosa", dijo la morenista el 30 de septiembre pasado.
Víctor de Jesús "N" era el director administrativo y fue separado del cargo el 6 de noviembre de 2025 tras detectarse un presunto uso indebido de recursos públicos.
Las pesquisas refieren que existe un presunto desvío millonario con afectación al patrimonio educativo. El caso está en manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Hasta ahora ninguna autoridad estatal ha informado sobre las acusaciones.
El 12 de enero, el Congreso del Estado otorgó a la Sefiplan el control total de los recursos de la UPAV, ya que antes se hacía a través de asociaciones civiles señaladas de operar con falta de transparencia.