San Luis Potosí, SLP.- Para evitar errores legales y acelerar el cumplimiento de sentencias judiciales, el Congreso del Estado encontró en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) un aliado clave para destrabar las consultas que tiene pendientes, particularmente en temas sensibles como educación y legislación electoral.
La presidenta de la Directiva del Congreso, la diputada Sara Rocha Medina, explicó que esta ruta se definió tras una reunión sostenida en diciembre pasado con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo objetivo fue establecer con claridad cómo y cuándo deben realizarse dichas consultas.
“No queríamos caer en ninguna omisión como Congreso y tampoco queríamos estar fuera de la ley o de los términos que nos marcaban”, subrayó la legisladora, al dejar claro que la prioridad fue garantizar procesos correctos y apegados al mandato judicial.
Rocha Medina detalló que en ese encuentro participaron el área jurídica del Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano, así como las diputadas Brisseire Sánchez López y ella misma, con la finalidad de comenzar a agendar los temas, aun cuando en ese momento no se contaba con los recursos económicos necesarios.
De ese análisis surgió una alternativa concreta, solicitar el apoyo del CEEPAC, organismo que cuenta con la infraestructura, experiencia técnica y capacidad operativa para organizar conferencias, pláticas y mecanismos de participación, indispensables para llevar a cabo las consultas de manera adecuada.
“Se concluyó que el CEEPAC nos podía apoyar porque cuenta con la infraestructura”, explicó Rocha Medina, quien añadió que ya se envió un documento formal para comenzar con los preparativos y estar listos en cuanto se liberen los recursos financieros.
Las consultas pendientes incluyen la Ley de Educación y la Ley Electoral, normativas que por mandato judicial deben ser revisadas con la participación directa de personas con discapacidad y de pueblos y comunidades indígenas, un paso que busca no solo cumplir con la ley, sino fortalecer la legitimidad de las decisiones legislativas.
Con esta estrategia, el Congreso apuesta por avanzar sin improvisaciones y demostrar que el cumplimiento legal y la inclusión social pueden ir de la mano.
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