La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDH) ha enfrentado en 2025 y lo que va de 2026 un periodo marcado, tanto por actividades institucionales como por críticas sobre su eficacia y su impacto real en la defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos en la entidad potosina. Además las críticas crecen ante situaciones como un incremento salarial fuera de la ley de algunos de sus trabajadores.
Incremento salarial fuera de la ley
De acuerdo a información de Ciudadanos Observando, con cifras del tabulador de salarios oficial publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, parece que en la CEDH, se despachan el salario y reparten nombramientos importándoles poco la congruencia con lo que marca la ley y sus manuales, tal es el caso del incremento salarial que se otorgaron el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Carbajal y la Directora Administrativa Giselle Castillo Solis, pues mientras que el tabulador salarial publicado en periódico oficial prevé que estos puestos son nivel 15 y su remuneración corresponde a 43 mil 621 pesos mensuales, de acuerdo a lo reportado en el portal de transparencia a partir del mes de junio de 2025 lo incrementaron a 49 mil 999, siendo los únicos puestos que recibieron aumento.
La organización ciudadana destaca que esta cantidad rebasa incluso el salario del Contralor Interno, quien ostenta el nivel 16 y debería estar vigilando la legalidad del ejercicio de los recursos públicos, dicha situación ha generado un profundo descontento entre el personal que no han recibido ningún tipo de incremento en los últimos 5 años pese al aumento de responsabilidades y carga laboral.
Pero además, estos dos funcionarios de la CEDH forman parte de la famosa "herencia maldita", ya Miguel Carbajal fue Subsecretario de Gobierno de Marcelo de los Santos y Oficial Mayor de Juan Manuel Carreras; mientras que Giselle Castillo laboraba en CEFIM en el gobierno de Fernando Toranzo, y después de Juan Manuel Carreras.
CEDH entre la exigencia social y la capacidad institucional
En un contexto donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones es constante, la CEDH, encabezada por Giovana Argüelles Moreno, cerró 2025 con cifras que obligan a una lectura más profunda y menos visceral. Se trata de un organismo que suele ser blanco de críticas, muchas veces provenientes de personas que llegan cargadas de dolor, enojo o frustración tras haber pasado por instancias como la Fiscalía. Sin embargo, pocas veces se analiza el tamaño real de la tarea que enfrenta la Comisión y las limitaciones bajo las que opera.
Más de 4 mil atenciones en 2025
Durante 2025, la CEDH registró 4 mil 221 atenciones en total, de las cuales mil 800 correspondieron a quejas formales, 624 canalizaciones, apenas 3 gestiones directas y 2,561 orientaciones jurídicas. Estas cifras reflejan no solo la alta demanda social, sino también el papel preventivo y de acompañamiento que desempeña la Comisión, muchas veces invisible frente a la expectativa ciudadana de soluciones inmediatas. El reclamo es comprensible, pero el proceso de defensa de derechos humanos no es instantáneo ni punitivo, es técnico, gradual y, en muchos casos, limitado por la falta de personal y recursos.
Recomendaciones: ¿cuántas y qué implican?
Una de las principales funciones de la CEDH es la emisión de recomendaciones, que son instrumentos no jurisdiccionales para exigir medidas de reparación, prevención y no repetición de violaciones de derechos humanos. Durante 2025 la CEDH emitió alrededor de 14 recomendaciones formales en todo el año. Esta cifra ha sido considerada baja por activistas y observadores, quienes señalan que el número de recomendaciones no guarda proporción con las quejas atendidas y con las violaciones denunciadas. Entre ellas están recomendaciones contra autoridades municipales por irregularidades en separos preventivos, casos de discriminación y violencia institucional, entre otros.
Críticas de la sociedad civil y especialistas
Diversos colectivos y defensores de derechos humanos han expresado su inquietud respecto a la baja cantidad de recomendaciones emitidas frente a la alta carga de quejas, señalando que esto podría reflejar una inclinación hacia la conciliación y la gestión interna en vez de un enfrentamiento firme a las autoridades responsables de violaciones graves. Organizaciones ciudadanas han señalado, además, la falta de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, pidiendo información clara sobre cómo se distribuyen los recursos y cuál es el impacto de los programas de la CEDH.
Posición de la CEDH
Ante este panorama, la ombudsperson, Argüelles Moreno, ha defendido que el enfoque del organismo se basa también en la gestión directa de conflictos y orientaciones a víctimas; capacitación de servidores públicos para prevenir violaciones; y canalización de casos que no necesariamente terminan en recomendación formal. Aunque estos argumentos destacan fases del trabajo institucional, no todos los sectores coinciden en que se traduzcan en mejoras tangibles para las víctimas.
Ante esto, aseguró que durante 2026 la CEDH mantendrá una presencia activa y constante en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, priorizando el acompañamiento a las familias y la vigilancia del actuar institucional. Uno de los principales retos continúa siendo la lentitud con la que avanzan algunos procedimientos oficiales, situación que obliga al organismo a intervenir como garante de los derechos de las víctimas indirectas.
Pese a las deficiencias detectadas, la presidenta del organismo reconoció que existe una coordinación institucional más sólida, particularmente con la Fiscalía General del Estado, donde se ha mostrado disposición para corregir fallas y fortalecer las acciones de búsqueda. Este diálogo ha permitido abrir espacios de colaboración que antes resultaban limitados.
¿Qué esperar para 2026?
Cabe destacar que hasta el momento el trabajo de la CEDH ha sido intenso en términos de recepción de quejas y atención de casos, pero la baja emisión de recomendaciones formales y la percepción de bajo impacto en las víctimas han generado críticas importantes. Mientras la propia CEDH sostiene que sus acciones incluyen múltiples mecanismos de atención y prevención, sectores de la sociedad civil y víctimas sostienen que se necesita mayor visibilidad, contundencia y rendición de cuentas para asegurar que el organismo cumpla con su mandato de proteger y promover los derechos humanos en la entidad.
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