San Luis Potosí, SLP.- El convenio presupuestal entre la Federación y los estados para las universidades públicas arrancó el 2026 con más dudas que certezas. En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el rector Alejandro Zermeño Guerra fue claro, el aumento asignado no sólo es insuficiente, sino que parte de supuestos que no resisten la realidad económica del país.
El documento, recibido apenas la noche del miércoles 14 de enero, no ha sido enviado al Ejecutivo estatal. No por descuido, sino por decisión. Las universidades, incluida la UASLP, optaron por detenerlo ante lo que califican como inconsistencias relevantes. El propio rector explicó que el convenio presenta errores que no pueden asumirse de manera automática, situación que ya fue reconocida por la Secretaría de Educación Pública, la cual se encuentra realizando ajustes.
Zermeño Guerra adelantó que la próxima semana se reunirán con autoridades federales para destrabar el tema, con la expectativa de contar con un acuerdo definitivo. El fondo del problema no es menor, los incrementos aprobados —1.79 por ciento en la aportación estatal y 3 por ciento en la federal— quedan por debajo de la inflación estimada, lo que en los hechos implica operar con menos recursos que el año anterior.
Desde la óptica universitaria, el riesgo no sólo es administrativo, sino estructural. Aceptar aumentos que no compensan el alza de precios significa erosionar el funcionamiento cotidiano de las instituciones, desde servicios básicos hasta salarios. El rector lo planteó con crudeza, no se puede construir un convenio sobre cifras que, aunque suenen generosas en el papel, resultan inviables en la práctica para los estados.
La advertencia no es aislada. La ANUIES ha señalado que, con este tipo de incrementos, el sistema de universidades públicas arrastra una pérdida acumulada de poder adquisitivo que supera los 50 mil millones de pesos desde 2018, sin que exista una política salarial que amortigüe el golpe.
En ese contexto, la postura de la UASLP no es un capricho, sino un intento por evitar que el presupuesto universitario siga siendo una promesa que se diluye frente a la inflación. El mensaje es claro, sin correcciones de fondo, el convenio no puede avanzar, porque aceptar menos hoy es comprometer aún más el futuro de la educación pública.
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