San Luis Potosí, SLP.- El anuncio del gobernador de vetar la reforma electoral —popularmente bautizada como “Ley Gobernadora”— abrió una nueva lectura política del conflicto, más que una derrota legislativa, el veto aparece como un mecanismo para desactivar una polémica que amenazaba con escalar rumbo al proceso electoral de 2027.
Desde Soledad de Graciano Sánchez, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz se sumó a esta interpretación al considerar que la decisión del Ejecutivo estatal no solo es legal, sino estratégicamente necesaria para cerrar un debate que, dijo, se había contaminado de sospechas y señalamientos sin sustento. Para el edil, el veto corta de raíz la narrativa de que la reforma estaba hecha “a modo”, ya fuera para beneficiar a una persona, a un partido o incluso a un género en particular.
Navarro defendió que el gobernador actuó dentro de sus atribuciones y subrayó que ejercer esa facultad envía un mensaje político claro, la reforma no puede ni debe leerse como un traje a la medida de intereses específicos. En su visión, la intervención del Ejecutivo funciona como un punto final a los “dimes y diretes” que dominaron la discusión pública tras la aprobación de la iniciativa.
El alcalde insistió en que la decisión habla bien del gobernador, no por el veto en sí, sino por el uso de una herramienta constitucional para despresurizar el escenario político y evitar que las especulaciones sigan marcando la agenda. A su juicio, el mensaje es que las reglas electorales deben mantenerse abiertas y sin lecturas parciales, lejos de interpretaciones que anticipen ventajas rumbo a la contienda de 2027.
Así, el respaldo del alcalde de Soledad no se centra en la reforma que no fue, sino en el gesto político que la detuvo, un veto que, según su lectura, busca “callar bocas”, no desde la imposición, sino desde la legalidad, y devolver la discusión electoral a un terreno menos enrarecido.
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